La reacción de Daniel Ortega y el FSLN a la propuesta de la oposición liberal en la Asamblea Nacional, de una amnistía para Eduardo Montealegre y Arnoldo Alemán a fin de liberarlos de la situación de rehenes políticos en que los mantiene el régimen orteguista, ha sido virulenta y desproporcionada.
Sin duda que la propuesta de amnistía, ya sea general o personalizada para Montealegre y Alemán, no es bien vista en la sociedad nicaragüense. La amnistía ha sido rechazada tanto por la sociedad civil democrática como por personalidades prominentes de mucha autoridad moral en Nicaragua. También dirigentes de partidos políticos no liberales se han pronunciado contra la propuesta de amnistía, algunos por un sincero escrúpulo ético pero otros por un frío cálculo oportunista, pues consideran que si Montealegre y Alemán son sacados de la competencia política ellos mejorarían su competitividad electoral.
Por otra parte, la matemática parlamentaria indica que es muy difícil que los liberales puedan garantizar el quórum de 47 diputados en el Plenario de la Asamblea Nacional para luego aprobar la amnistía con mayoría simple, que es lo que requiere una ley de este tipo. Y en todo caso, según algunos juristas, aunque la amnistía fuera aprobada de todas maneras no se podría aplicar, porque Ortega la vetaría, o magistrados del FSLN en la Corte Suprema la declararían inválida, o de cualquier otra forma legal o ilegítima el régimen la anularía.
Sin embargo, a pesar de todas esas circunstancias adversas que enfrenta la propuesta de amnistía de los liberales, la reacción del orteguismo ha sido desmesurada, virulenta y agresiva. El orteguismo inclusive amenaza con mandar las turbas a ocupar la Asamblea Nacional, cuando el tema se discuta en el plenario, así como lanzarlas a la calle para atemorizar a la población e ir a las viviendas de los diputados, a intimidarlos y obligarlos a rechazar la amnistía.
¿A qué se deberá tan desmedida reacción orteguista ante la propuesta de amnistía? ¿Será por temor a perder tan valiosos rehenes políticos como son Eduardo Montealegre y Arnoldo Alemán? ¿Es sólo prepotencia de un autócrata que no tolera nada que se haga al margen y mucho menos en contra de su todopoderosa voluntad? ¿O es quizás, como dicen los observadores más suspicaces, un montaje para preparar el escenario del nuevo entendimiento de Ortega con Alemán y resolver el actual impasse de la misma manera pactista y antidemocrática que se han entendido anteriormente? Como fuese, esto se podrá saber exactamente cuándo y según como se resuelva este episodio de la crónica crisis política que sufre el país.
Ahora bien, especulaciones aparte, lo más grave de esta situación es el procedimiento brutal, fascista o fascistoide, que el régimen de Daniel Ortega está usando para intimidar a la población democrática y someter a la oposición. Es el modelo de “la noche de los cristales”, como se llama en la historia a lo que ocurrió en Alemania durante la noche del 7 al 8 de noviembre de 1938, cuando las turbas del régimen nacional socialista de Adolfo Hitler se lanzaron a las calles a agredir físicamente a los judíos y destruir sus templos, establecimientos comerciales, viviendas y otras propiedades. En aquella ocasión, los demás sectores sociales y grupos políticos y religiosos no nazis permanecieron impasibles ante la barbarie fascista, porque no iba contra ellos, pero poco tiempo después llegaron a buscarlos y reprimirlos igual que a los judíos.
En cualquier caso, es absolutamente repudiable e injustificable que el orteguismo agreda a sus adversarios. Sin embargo, esto se puede comprender por la índole fascista, estalinista, castrista y chavista del régimen orteguista. Lo incomprensible es que grupos políticos democráticos que luchan contra la dictadura, vayan a las viviendas de los opositores de otros partidos a pintarrajear paredes y agredir de manera física o verbal a sus habitantes, porque no están de acuerdo con ellos.
Quienes proponen la amnistía tienen derecho de hacerlo. Y los que se oponen también con todo derecho, pueden cuestionarla con razones e impedirla con votos en la Asamblea Nacional, si es que poseen la mayoría. Cualquier persona, organización o partido tiene derecho de aceptar o rechazar la amnistía, pero debe hacerlo por los medios institucionales, legales, democráticos y civilizados. Lo inadmisible y condenable es que la lucha política se traslade al terreno de la violencia, de la brutalidad, de la agresión de cualquier manera a otras personas, del atropello al derecho ajeno y a la dignidad humana. La intolerancia es absolutamente contraria a la libertad y la democracia.
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