La semana pasada la oposición parlamentaria ofreció otra penosa demostración de incompetencia, irresponsabilidad e indefensión ante la minoritaria representación del FSLN en la Asamblea Nacional.
No se trata de culpar a la oposición parlamentaria de todos los males que ocurren en la Asamblea Nacional y en el país. Tampoco es que se quiera ignorar que el gran culpable de esos males es el régimen orteguista, por sus abusos políticos y violaciones a la ley, inclusive a la Constitución. Pero una cosa es la estrategia y la práctica antidemocrática del orteguismo, y otra muy diferente el comportamiento de la oposición parlamentaria, ya sea en general, o como bancadas partidistas, o a título de individuos, que con frecuencia de manera directa o indirecta le hacen el juego al oficialismo.
El martes pasado, la oposición logró que la Junta Directiva incluyera en la Orden del Día de la sesión plenaria de esa misma semana la iniciativa de ley para revocar el decreto administrativo que dictó Daniel Ortega a fin de mantener en sus cargos a los funcionarios elegidos por la Asamblea Nacional que se les termine su mandato. Ese decreto es dictatorial e inconstitucional porque Ortega se arroga facultades que la Constitución no le atribuye. Por lo tanto es muy importante que la Asamblea Nacional lo derogue, inclusive aunque Ortega no le vaya a hacer caso y siga atropellando al Poder Legislativo. Es que el sólo hecho de derogarlo significaría una derrota política de Ortega y serviría para demostrar ante la comunidad internacional y las instituciones jurídicas multilaterales que este gobierno está pisoteando los principios y normas de gobernabilidad democrática establecidos en las convenciones internacionales de derechos humanos y en la Carta Democrática Interamericana de la OEA.
En realidad, así como es una ingenuidad creer que en la Asamblea Nacional se pueden resolver los grandes problemas nacionales —creencia ingenua que se conoce como “cretinismo parlamentario”— también es una insensatez menospreciar o no utilizar las formas de lucha legales y no saber aprovechar cualquier posibilidad institucional para rechazar el autoritarismo orteguista y fortalecer la conciencia democrática de la ciudadanía, que es indispensable para librar exitosamente la lucha por la libertad y la democracia.
De manera que fue un éxito haber logrado que la Junta Directiva de la Asamblea Nacional aprobara incluir en la orden del día del plenario la iniciativa de ley para derogar el decreto de Ortega. Pero no era suficiente. Los líderes de las bancadas opositoras debieron prever que la minoría orteguista haría cualquier maniobra parlamentaria para neutralizar la decisión de la Junta Directiva. Como en efecto lo hicieron, pero la maniobra se pudo haber impedido si todos los diputados de la oposición hubieran estado disciplinadamente en sus puestos de trabajo y de lucha, que son los escaños de la Asamblea Nacional.
Realmente es vergonzoso que mientras los diputados orteguistas son disciplinados y cumplidores rigurosos de sus obligaciones políticas, los parlamentarios democráticos —aparte de que entre ellos hay algunos mercenarios vendidos al oro orteguista—, salvo honrosas excepciones son indisciplinados e irresponsables, le dan más importancia a sus negocios y asuntos particulares que al cumplimiento de las obligaciones que impone el cargo para el cual fueron elegidos.
No obstante, legalmente todavía es posible lograr la aprobación de la ley derogatoria del decreto de Daniel Ortega. Los diputados de la oposición pudieran recuperar la iniciativa en este caso, siempre y cuando no sigan bailando el tango de la improvisación y la irresponsabilidad en la Asamblea Nacional, y cumplan las obligaciones que se derivan no sólo de su compromiso político democrático, sino también de los magníficos sueldos y complementos que reciben, pagados por el pueblo que los eligió.
No se trata, repetimos, de caer en el cretinismo parlamentario de creer que es en la Asamblea Nacional que se van a resolver los grandes problemas nacionales. Pero tampoco hay que caer en el cretinismo político, que significa no saber aprovechar los espacios legales e institucionales disponibles, por pocos y estrechos que sean. Y sobre todo es inaceptable que haya diputados que no sepan ni siquiera cómo votar en momentos cruciales. O fingen no saber, puesto que no sólo algunos tontos de capirote sino también pillos redomados se sientan en las curules de la Asamblea Nacional.
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