Lucía Vargas C.
CORRESPONSAL/ GRANADA
El sector transporte y comerciantes del mercado municipal marcharon ayer por las calles de Granada hasta la puerta de la Alcaldía municipal para protestar por el alza de los impuestos. Dicha alza se aprobó en diciembre pasado a través de una ordenanza del Concejo Municipal, pero los sectores alegan que no fueron tomados en cuenta.
Los impuestos, según los afectados, van a superar hasta el 200 por ciento de las tasas que ahora pagan. La manifestación, que ya había sido anunciada desde el fin de semana pasado, reunió a más de 100 unidades de taxis y buses, mientras una delegación manejó las negociaciones con la Comisión Económica del Concejo Municipal.
Luego de varias horas de negociación, ambos sectores salieron con las manos vacías, mientras un nutrido grupo de manifestantes esperaba afuera con pancartas y al ritmo de música de viento, en vez de morteros.
El comisionado mayor Ramón Avellán, jefe de la Policía de Granada, estuvo al mando del resguardo junto con 50 oficiales y antimotines para evitar incidentes violentos en la ciudad turística.
Avellán dijo que se había reunido la noche anterior con los transportistas y se les prohibió el uso de “miguelitos”, licor y lanzamorteros.
El planteamiento de Rigoberto González Cruz, presidente de la cooperativa de taxis “La Gran Sultana”, es que la ordenanza aprobada por el Concejo Municipal los obligaría a pagar 500 córdobas mensuales por unidad y lo que ahora pagan es 25 córdobas.
González dijo que el alcalde Eulogio Mejía prometió reunirse con el gremio para analizar el caso el pasado 7 de enero y no se logró. Ahora Mejía está en Miami.
González agregó que, incluso, han identificado cinco nuevas concesiones, pero a la fecha ninguna autoridad ha dado explicación de eso. Granada cuenta con 213 taxis legales que conforman las tres cooperativas y los individuales.
PASAJE DE BUS PODRÍA AUMENTAR
En tanto, los buses que cobran C$3.50 por el pasaje, podrían elevar su precio si el Concejo no baja las tarifas, dijeron los dueños de unidades.
Vidal Real, directivo regional del sector transporte, se quejó porque no lo dejaron entrar al edifico de la comuna, ni a otros líderes.
“Mantendremos esta lucha porque ya no creemos en promesas del Gobierno y no comemos con promesas, por eso vamos a ir intensificando la lucha hasta que obtengamos resultados verdaderos”, sostuvo Real.
Explicó que el año pasado (en enero) el litro de diesel costaba 12.20 córdobas y ahora cuesta 19.80. “En un galón son 27 córdobas (de diferencia en un año) y si le ponemos 20 galones diarios a los vehículos, andamos en un desfase de más de 500 córdobas al día y la respuesta del Gobierno (municipal) es que le subamos a la tarifa y eso no lo podemos hacer porque afectamos a la población”, dijo Real.
Según agregó, desde la semana pasada se han movido personas del Gobierno para ofrecerles combustible para desmontar la protesta. “Personeros del Gobierno ofrecieron combustible para desmontar esta actividad y ayer (el martes) miembros del Partido Liberal llegaron a la reunión que hicimos con la unión regional de cooperativas, para lo mismo, pero esto no es político, la gente ya no puede seguir pagando más”, señaló.
QUE SE VAYAN LOS VENDEDORES ILEGALES
Por su parte Margarita Jarquín y José Ávalos, directivos del comercio local, pidieron la revocación de la ordenanza, pero tanto el vicealcalde Carlos Espinoza como el asesor Camilo Bermúdez y Margarita Molina, presidenta de la Comisión Económica del Concejo, les dijeron que sólo el Concejo en pleno puede deshacerla.
Jarquín y Ávalos dijeron que muchos comerciantes están cerrando sus negocios por la situación y las deudas, pero además se quejaron de los vendedores ilegales que llegan de Masaya y Managua a mermar las ventas y no pagan impuestos.
Jarquín refirió que no van a pagar más de lo que ahora pagan, mientras no se analice esa ordenanza. Señaló que el sector paga impuesto de matrícula, piso y mensualidad. Unos pagan 100 córdobas por la matrícula, los tramos valen entre 10, 15, 20 córdobas por día.
