Por Cécile de Comarmond
LUANDA/AFP
Las autoridades políticas y deportivas de Angola investigaban este sábado en la región de Cabinda el ataque armado de ayer contra la delegación de fútbol de Togo que dejó dos muertos, mientras que la selección togoleña dudaba en participar en la Copa de África de Naciones.
El gobierno angoleño y la Confederación Africana de Fútbol (CAF) mandaron a Cabinda «una importante delegación dirigida por el Ministro del Interior, acompañado del ministro de la Juventud y de los Deportes», según un comunicado de la CAF.
En Luanda, el primer ministro Paulo Kassoma se entrevistará con el presidente de la CAF, Issa Hayatou, para «tomar juntos las decisiones que puedan garantizar el buen funcionamiento de la competición», que está prevista que empiece el domingo.
Por su parte el equipo de Togo se reunirá para decidir si participa o no en la competición, indicó en la radio británica BBC su capitán, Emmanuel Adebayor.
«Un número importante de jugadores quieren irse (…) Vieron a uno de sus compañeros de equipo con una bala en el cuerpo, llorando y desmayándose», añadió el jugador del Manchester City.
«Tomaremos la decisión que consideremos mejor para nuestra carrera, para nuestras vidas y para nuestras familias», dijo el atacante.
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La caravana de Togo fue atacada con ametralladoras ayer cuando entraba en el territorio de Angola, en la zona de Cabinda, foco de tensiones separatistas.
En el ataque resultaron muertos el entrenador adjunto y el responsable de comunicación y hubo varios heridos.
El acto fue reivindicado por el Frente de Liberación del Enclave de Cabinda (FLEC), un movimiento separatista activo desde 1975 en este territorio situado entre la República Democrática de Congo (RDC) y Congo-Brazzaville.
«Esta operación sólo es el principio de una serie de acciones que continuarán en todo el territorio de Cabinda», dijo el FLEC en un comunicado transmitido a la agencia de prensa Lusa.
A pesar del ataque, la Confederación Africana de Fútbol, organizadora del evento, decidió mantener la competición. Los siete partidos previstos en Cabinda podrían jugarse sin embargo en Luanda, la capital angoleña.
Por su parte el gobierno aseguró que haría todo lo posible para «garantizar la seguridad» de la CAN mientras que la asociación de defensa de los derechos humanos Humans Rights Watch (HRW) dijo que hay que evitar la tentación del gobierno de lanzar una ola de represión indiscriminada.
«Las autoridades angoleñas tienen derecho a reforzar las medidas de seguridad en respuesta a este ataque», aseguró la directora de HRW para África, Georgette Gagnon en un comunicado.
«Pero esto no puede justificar los arrestos arbitrarios o la represión en los medios de comunicación, como ya ocurrió en el pasado en Cabinda», añadió.
Según el gobierno central de Angola, la zona de Cabinda ya no está en conflicto desde 2006, tras la firma de un acuerdo de paz con Antonio Bento Bembe, uno de los dirigentes políticos del FLEC.
Pero el grupo separatista siempre negó el acuerdo y ya reivindicó varios ataques contra militares angoleños instalados en la zona o contra empleados de empresas extranjeras.
Bento Bembe, convertido en ministro de derechos humanos, aseguraba recientemente que la CAN tenía aseguradas «todas las condiciones de seguridad» necesarias para celebrar la competición.
