El Gobierno de México fracasó en su intento de llevarse al ex presidente hondureño Manuel Zelaya al territorio de la república mexicana, en calidad de “huésped distinguido”, dándole el reconocimiento de Presidente de Honduras cuando en realidad no lo es, ni de hecho ni de derecho.
Zelaya fue destituido del cargo de Presidente de la República de Honduras, por el Congreso Nacional , el 28 de junio del presente año, bajo la acusación de graves violaciones a la Constitución y desacato al Poder Judicial y al Tribunal Supremo Electoral. Además, el mismo Congreso Nacional ratificó la destitución de Zelaya el 2 de diciembre corriente, en cumplimiento del Acuerdo de Tegucigalpa, el cual fue suscrito el 30 de octubre pasado por representantes del gobierno provisional hondureño que preside Roberto Micheletti, y del ex presidente Manuel Zelaya.
Ciertamente, en el Acuerdo de Tegucigalpa se le pidió al Congreso Nacional de Honduras decidir sobre la restitución de Zelaya, precisamente porque así lo propuso él mismo, cediendo en ese caso el gobierno de Roberto Micheletti cuya posición era que debía ser la Corte Suprema de Justicia la que decidiera al respecto. El Acuerdo de Tegucigalpa, auspiciado por el Gobierno de Estados Unidos de Norteamérica que estuvo representado por el entonces Secretario de Estado Adjunto para América Latina, Thomas Shannon, contiene los ocho puntos siguientes:
Primero, formación de un gobierno de reconciliación. Segundo, rechazo a la amnistía política. Tercero, reconocimiento de las elecciones presidenciales del 29 de noviembre. Cuarto, transferencia de la autoridad sobre las Fuerzas Armadas (durante las elecciones) al Tribunal Supremo Electoral. Quinto, creación de una Comisión de Verificación para hacer cumplir los puntos del acuerdo. Sexto, formación de una Comisión de la Verdad para investigar los sucesos ocurridos antes, durante y después del 28 de junio, Séptimo, solicitarle a la comunidad internacional derogar todas las sanciones contra Honduras y enviar observadores a las elecciones presidenciales. Y octavo, dejar en manos del Congreso, con una previa opinión de la Corte Suprema, la decisión sobre la restitución de Manuel Zelaya en la Presidencia.
Evidentemente, en el Acuerdo no se dijo que el Congreso tenía que restituir a Zelaya. Eso hubiera sido absurdo porque el Congreso Nacional es un Poder del Estado independiente y soberano que no se sujeta a directrices o consignas que le lleguen desde fuera. De manera que lo menos que debería hacer Manuel Zelaya es acatar la decisión del Congreso que ratificó su destitución, como seguramente la hubiera acatado el gobierno de Roberto Micheletti si la resolución del Poder Legislativo hondureño hubiera sido al contrario.
Además, si Manuel Zelaya quisiera realmente ayudar a resolver la crisis que él mismo provocó con sus violaciones al orden constitucional hondureño, debió haber designado a sus representantes para integrar el gobierno de reconciliación contemplado en el acuerdo del 30 de octubre, así como reconocer la legitimidad de las elecciones del 29 de noviembre, a las que concurrieron muchos más electores que los que participaron cuando se realizó su propia elección presidencial, en el año 2005. Y Zelaya debería también, aunque tal vez esto sea pedir demasiado, enfrentar dignamente los cargos que le imputa la justicia, o pedir un salvoconducto de exiliado para refugiarse en cualquiera de los países cuyos gobernantes lo han apoyado en su insensata aventura política.
Es importante mencionar que el compromiso para la formación de un gobierno de reconciliación, no se ha podido cumplir también por culpa de Manuel Zelaya, puesto que de manera oportuna, estando en tiempo y forma como suelen decir los abogados, el presidente Micheletti le solicitó que nombrara a sus representantes para proceder al cumplimiento de ese importante punto del acuerdo. De manera que ahora, cuando falta apenas mes y medio para el cambio de gobierno, le corresponderá al nuevo Presidente de Honduras democráticamente elegido, procurar el cumplimiento de ese compromiso de reconciliación que tanto bien le podría hacer al pueblo hondureño.
También los demás gobiernos de América Latina y Europa deberían respetar el Acuerdo de Tegucigalpa y contribuir así a la superación de la crisis hondureña, acatando las decisiones soberanas, democráticas y constitucionales, del pueblo y las instituciones de Honduras. En todo caso, se entiende que por afinidad con Zelaya los gobernantes no democráticos de Cuba, Venezuela y Nicaragua lo sigan apoyando y haciéndole daño al pueblo hondureño. Pero que los gobernantes demócratas hagan lo mismo es una aberración.
Ver en la versión impresa las páginas: 10 A
