La llamada “resistencia popular” contra el Gobierno democrático provisional de Honduras que preside Roberto Micheletti, al que los zelayistas hondureños y sus aliados en el extranjero denominan “gobierno golpista” o “de facto”, anunció que ha desistido de seguir demandando la restitución de Manuel Zelaya en la presidencia de Honduras. Así lo declaró a los medios nacionales e internacionales el dirigente de la resistencia zelayista, Juan Barahona, quien “afirmó que su lucha será de ahora en adelante lograr la instalación de una Asamblea Nacional Constituyente y que han renunciado a la restitución del ex presidente Manuel Zelaya”.
En realidad, la demanda de restituir a Zelaya perdió todo sentido después de las elecciones nacionales del domingo 29 de noviembre, en las que se eligió al nuevo presidente con una participación popular mucho mayor que en los comicios de 2005, cuando Zelaya fue elegido Presidente. El pueblo hondureño confió en las elecciones como medio democrático para la solución de la crisis y fue a votar masivamente el 29 de noviembre, a pesar de las presiones internacionales y las amenazas zelayistas para obligar a la gente a abstenerse de votar.
Y todavía más absurda pasó a ser la exigencia de restauración de Zelaya, después que el Congreso Nacional ratificó, el miércoles 2 de diciembre corriente, la destitución del ex presidente hondureño que pretendió pasar por encima de la Constitución y del Estado de Derecho, en su alocado afán reeleccionista y de entregar Honduras al proyecto neocolonialista del “socialismo del siglo 21”, que lidera el presidente venezolano Hugo Chávez armado con los cuantiosos recursos económicos que le genera la producción petrolera de Venezuela.
Precisamente por la gran capacidad corruptora que tiene el chavismo gracias a su dinero, y por la enorme presión internacional que se ha venido ejerciendo contra Honduras desde los acontecimientos del 28 de junio pasado, fue que en algunos sectores democráticos hondureños e internacionales había el temor o la incertidumbre de que el Congreso votara el miércoles anterior por la restauración de Zelaya.
Pero los diputados democráticos y las instituciones de Honduras, le dieron al mundo otra gran lección de honestidad política y de firmeza en la defensa de la libertad, la democracia y la economía de mercado, al ratificar la destitución del ex presidente Zelaya con una abrumadora mayoría de 111 votos contra 14.
Realmente, aceptar la restauración de Manuel Zelaya hubiera significado admitir que su destitución no se ajustó a lo establecido por la Constitución y la ley. Pero la verdad es que Manuel Zelaya fue destituido por haber cometido delitos contra el orden constitucional que fueron plenamente documentados y comprobados. Y además, su destitución fue aprobada por el mismo Congreso Nacional, por abrumadora mayoría de votos, el 28 de junio pasado. De modo que hubiera sido absurdo que la mayoría de los diputados votara por la restauración de Zelaya, después que el Congreso Nacional recibió los dictámenes de la Corte Suprema de Justicia, el Ministerio Público, la Procuraduría General de la República y el Comisionado Nacional de los Derechos Humanos, en los que razonaron que la restitución sería absolutamente ilegal.
Ahora, la decisión de la “resistencia” zelayista de no seguir luchando por la restauración de Manuel Zelaya es una salida política decorosa y una retirada táctica inteligente. Esto es algo que deberían hacer también los gobernantes democráticos que se fueron hasta el cuello en la defensa de Zelaya, como por ejemplo el presidente de Brasil, Lula da Silva, quien hasta facilitó imprudentemente la Embajada de su país en Tegucigalpa para que el depuesto ex presidente hondureño dirigiera desde allí sus fracasados operativos para tratar de recuperar el poder.
El caso de Manuel Zelaya ya es historia. A estas alturas ni siquiera sus más fervientes partidarios hondureños están interesados en su restauración. Ahora lo que está a la orden del día es promover —como lo ha ofrecido el presidente electo Porfirio Lobo— una verdadera política de reconciliación y unidad nacional que debería contar con el reconocimiento y el apoyo de la comunidad democrática internacional. La ex resistencia zelayista está en su derecho de pedir una Constituyente y proponerla para las siguientes elecciones, es decir, en los comicios de 2013. Pero tiene que hacerlo cívicamente, en el marco del respeto a la Constitución y la ley, no con trampas y conspiraciones como las que hizo Manuel Zelaya engatusado por Hugo Chávez y azuzado por Daniel Ortega, para fracasar estrepitosamente en el intento.
Definitivamente, Honduras no es Venezuela o Nicaragua, ni será otra Cuba. Eso ha quedado absolutamente claro.
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