El Gobierno de Daniel Ortega no incluyó en el proyecto de presupuesto nacional para el próximo año, la asignación anual de 430 mil córdobas (un poco más de 20 mil dólares), del llamado “fondo social” para uso discrecional de cada uno de los 91 diputados de la Asamblea Nacional. Se supone que este “fondo social” de los diputados es para financiar obras sociales y humanitarias de bajo costo, o, dicho de otra manera, para premiar con pequeñas prebendas a algunas personas. En realidad, se trata de una modalidad de clientelismo político a expensas de los impuestos que pagan los contribuyentes y de otros recursos que obtiene el Estado, pero sobre todo para el beneficio personal de los diputados, como se puede inferir o por lo menos sospechar del hecho de que son muy pocos los parlamentarios que dan cuentas del gasto de dicho “fondo social”.
Por eso es que los ciudadanos han criticado fuertemente el “fondo social” que se han venido asignando los diputados desde el Gobierno de Arnoldo Alemán. Esta es una de las causas, entre muchas otras, del alto grado de impopularidad y de rechazo ciudadano a los diputados, a los que alguna gente denomina con sorna como “padrastros de la patria”. Cabe recordar al respecto que en la última encuesta de M&R Consultores, que fue presentada en octubre de este año, el grado de desconfianza ciudadana hacia la Asamblea Nacional fue de 79.8 por ciento, el más alto entre todas las instituciones del país.
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De manera que nadie, aparte de los mismos diputados y de las pocas personas que se benefician con esa modalidad de clientelismo político, estará inconforme por que desaparezca ese fementido “fondo social” de los diputados, ni protestará por eso. Sin embargo, es necesario denunciar la hipocresía del Gobierno de Daniel Ortega, que suprime o reduce los más o menos 38 millones de córdobas que suma anualmente el fondo para el clientelismo político de los diputados, con el pretexto de reducir gastos innecesarios en el Estado, pero mantiene e inclusive aumenta el despilfarro de los fondos públicos en el Poder Ejecutivo y otras dependencias gubernamentales y estatales. Si fuera cierto que Daniel Ortega quiere suprimir el gasto público innecesario, eliminaría el financiamiento de su desmesurada propaganda narcisista, pondría fin a los viajes internacionales de la familia presidencial en costosísimos vuelos privados, no estaría incluyendo aumentos de asignación para sueldos inclusive en entidades de hecho inexistentes, como el Conpes, y muchos otros derroches gubernamentales.
De igual manera hay que denunciar el procedimiento arbitrario, que ha pretendido usar el régimen de Daniel Ortega para la eliminación del “fondo social” de los diputados, atropellando el principio constitucional de la independencia de poderes del Estado y pasando por encima de la Ley Orgánica del Poder Legislativo, la cual establece en su artículo 12 que la Asamblea Nacional elabora su propio presupuesto, y que el Ministerio de Hacienda debe incluirlo sin reformas en el proyecto de Presupuesto General de la República.
En realidad, si Daniel Ortega fuese un gobernante respetuoso del Estado de Derecho, debería de negociar con la Asamblea Nacional la eliminación del “fondo social” de los 20 mil dólares para cada diputado, a cambio de eliminar también el cuantioso gasto innecesario en el Poder Ejecutivo y demás instituciones del Estado. Y además, el Poder Ejecutivo debería de garantizar que las pequeñas asignaciones a las personas beneficiadas con el “fondo social” de los diputados, por ejemplo para becas de estudio, se incluyan en otros rubros presupuestarios relacionados con asistencia social o ayuda humanitaria.
Pero son los mismos diputados de la Asamblea Nacional los que tienen la facultad de aprobar la ley del Presupuesto General de la nación, según lo manda el artículo 138, numeral 6, de la Constitución Política de la República. Si los diputados quisieran ser consecuentes con lo que dicen habitualmente en las sesiones de la Asamblea Nacional, con sus discursos en los actos políticos y con lo que declaran a los medios de comunicación, deberían eliminar ellos mismos su fementido “fondo social”, y al mismo tiempo recortar drásticamente los cuantiosos gastos innecesarios en el Ejecutivo y otras dependencias del Estado. De esa manera, sin hipocresías políticas, se podría comenzar a poner en práctica la verdadera austeridad presupuestaria que tanto se necesita en el país.
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