Por un lado, el canciller de España, Miguel Ángel Moratinos, declaró el 2 de agosto corriente que su país no reconocerá las elecciones que se realicen en Honduras bajo el “gobierno de facto”, como él denomina a las autoridades hondureñas que encabeza el presidente Roberto Micheletti. Y por otra parte, según informó el 5 de agosto corriente la agencia informativa EFE , el Coordinador Adjunto de la Agencia Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo (AECID) en Managua, Carlos Figuero Aguilar, aseguró que España mantendrá con la Alcaldía de Managua el proyecto de desarrollo de La Chureca. Esto a pesar de que el Gobierno capitalino es ilegítimo —porque fue impuesto mediante un fraude electoral— y no obstante la flagrante violación a la Constitución de Nicaragua que se ha cometido al ser expropiada confiscatoriamente, la propiedad donde está La Chureca.
Si el actual Gobierno de Honduras es de facto y por lo tanto España no lo puede reconocer absolutamente en nada, entonces tampoco debería avalar a las autoridades municipales de Managua que también son de facto y además fraudulentas. ¿O es que la diplomacia del Gobierno de España y de muchos otros que se han aliado contra Honduras se basa en el doble estándar de condenar a un gobierno de facto, pero avalar a otros que son impuestos y fraudulentos, pero de izquierda?
Está bien que los gobernantes de España, de Estados Unidos, de la OEA y de cualquier otra parte del mundo reaccionen con rapidez y radicalismo cuando en algún país se viola el sagrado principio de la democracia, de que se deben respetar los gobiernos resultantes de elecciones populares, libres y transparentes. Pero en el caso de la Alcaldía de Managua (y las de León, Masaya, Chinandega y muchas otras más), ese mismo principio sagrado fue groseramente atropellado en los comicios municipales de noviembre pasado, y además, en el caso específico de La Chureca las autoridades municipales ilegítimas se han coludido con el Procurador de Daniel Ortega, para confiscar la propiedad privada donde se va a desarrollar el proyecto de la Cooperación Española.
En ocasiones anteriores hemos mencionado, y tenemos que insistir en ello, que según la Cláusula Democrática de la Unión Europea para sus relaciones internacionales y acuerdos de asociación y cooperación económica, las partes (y España es una de ellas), deben respetar estrictamente “los principios democráticos y los derechos humanos fundamentales, tal como se enuncian en la Declaración Universal de los Derechos Humanos, la cual inspira las políticas internacionales de las partes y constituye un elemento esencial del acuerdo entre ambas”. Esto se refiere a que se deben respetar todos los principios democráticos y derechos humanos fundamentales, no sólo algunos de ellos. Y que se tienen que respetar en todos los países, no en unos sí pero en otros no.
Eso mismo hay que decir de la Cláusula Democrática de la Carta Interamericana de la OEA, en cuyo artículo tercero se dice textualmente que: “Son elementos esenciales de la democracia representativa, entre otros, el respeto a los derechos humanos y las libertades fundamentales; el acceso al poder y su ejercicio con sujeción al estado de derecho; la celebración de elecciones periódicas, libres, justas y basadas en el sufragio universal y secreto como expresión de la soberanía del pueblo; el régimen plural de partidos y organizaciones políticas; y la separación e independencia de los poderes públicos”. De manera que si en Honduras el gobierno que representa el presidente Micheletti violó el principio de respeto al mandato del Presidente que fue libremente elegido por el pueblo, también hay que reconocer que Manuel Zelaya violó todos los otros principios establecidos en la Cláusula Democrática de la OEA. Y en el caso de Nicaragua, con el fraude electoral de noviembre pasado y demás acciones arbitrarias, represivas y confiscatorias del Gobierno de Daniel Ortega, éste viola no sólo uno sino todos los principios de la Carta Democrática Interamericana.
“Es indudable que, si se celebran elecciones con un gobierno de facto y sin garantías internacionales, no lo podemos avalar”, anunció el canciller español Moratinos. ¿Ideay? ¿Entonces por qué avala, en el caso de Nicaragua, a gobiernos de facto, como el de Managua, que fueron impuestos en elecciones fraudulentas y sin “garantías internacionales”? ¿Por qué la salsa española tiene que ser buena para Honduras pero no para Nicaragua, Venezuela y Cuba, por ejemplo?
