Expertos electorales y analistas políticos han aclarado que el referendo revocatorio propuesto por Daniel Ortega en su discurso del 19 de julio, durante la celebración oficial del 30 aniversario de la revolución sandinista, no es viable legal y políticamente. Más bien se trata, dicen, de una trampa para que la oposición acepte la reforma constitucional que Ortega necesita para volver a reelegirse.
La ex presidenta del Consejo Supremo Electoral, doctora Rosa Marina Zelaya, explicó en LA PRENSA que como el referendo revocatorio no existe en la Constitución de Nicaragua, habría que introducirlo mediante una reforma constitucional, la cual por razones de procedimiento sólo podría estar aprobada el próximo año. Después vendría un período más o menos largo de organización, campaña política y búsqueda y obtención de financiamiento, considerando que el costo de tal referendo sería más o menos igual que el de las elecciones nacionales regulares.
Pero la próxima elección presidencial tiene que realizarse en el año 2011. De modo que carece de sentido celebrar un referendo revocatorio cuando muy poco tiempo después se tendrá que elegir al nuevo Presidente de Nicaragua. Esto es algo que no lo pueden ignorar Daniel Ortega y sus colaboradores y asesores políticos, jurídicos y constitucionalistas, que los tiene en la misma Corte Suprema de Justicia.
En realidad, la propuesta de referendo revocatorio que hizo Ortega es un ardid para engatusar a la oposición, con la idea de que sería una magnífica oportunidad de sacudirse de encima al régimen orteguista, antes de las elecciones del 2011. Al aceptar el referendo revocatorio, la oposición tendría que aceptar también la reforma constitucional que es indispensable para establecer ese mecanismo de la llamada democracia popular directa, que se ha aplicado y aplica sobre todo en países comunistas, fascistas y de orientación socialista autoritaria, como se ha hecho en Venezuela y Bolivia en los últimos años. Y una vez abierto el naipe de la reforma constitucional, Ortega podría obtener a cambio de la golosina del referendo revocatorio, la abrogación de las cláusulas constitucionales que prohíben la reelección.
Ortega conoce muy bien a sus opositores y calcula que se podrían engolosinar con el referendo revocatorio, porque tienen un exceso de confianza en que los nicaragüenses mayoritariamente quieren la democracia y, por lo tanto, son antiorteguistas. Y en parte tiene razón, como lo demuestra el hecho de que algunos representantes de la oposición quedaron hablando, después del 19 de julio, de que se podría aceptar el referendo revocatorio a condición de que antes el Consejo Supremo Electoral sea reorganizado apropiadamente y que el Gobierno acepte la observación electoral independiente, nacional y extranjera. Incluso dicen que no sería necesario reformar la Constitución para realizar el referendo revocatorio, o sea que éste no tendría efecto obligatorio, pero Daniel Ortega se podría comprometer a acatar su resultado si le fuese desfavorable.
Sin embargo, la situación de Nicaragua no está para juegos ni para dejarse atrapar por las estratagemas de Daniel Ortega. Lo que menos necesita la nación es la llamada “democracia plebiscitaria”, que es la preferida de fascistas y comunistas porque mantiene a la sociedad en permanente agitación política, luchas de clases y alborotos revolucionarios. Lo que se requiere es que se restablezca y fortalezca la seguridad jurídica, que se recupere y mejore el clima de negocios, que no se sigan perdiendo las inversiones y los empleos, que la gente no continúe empobreciéndose por causa de aventuras revolucionarias, populistas y estatistas.
En cuanto a la oposición democrática de Nicaragua, lo que necesita no es un referendo revocatorio sino recuperar las garantías políticas e institucionales para que puedan haber nuevamente elecciones libres y limpias. Lo que procede es impedir que Daniel Ortega reforme la Constitución para poder reelegirse. Lo que está a la orden del día es la reorganización del Consejo Supremo Electoral con magistrados y mandos intermedios honorables y confiables; reformas legales —no constitucionales— indispensables para garantizar la observación electoral independiente, nacional y extranjera; unidad genuina de las fuerzas políticas democráticas, que dispersas no pueden impedir el avance de la aplanadora orteguista.
Si todo eso es muy claro y evidente, ¿para qué, entonces, como dice el campesino, pegar brincos estando el suelo tan parejo?
