Ha transcurrido un mes desde el derrocamiento de Manuel Zelaya, en Honduras, y contra casi todos los pronósticos el Presidente provisional Roberto Micheletti, designado por el Congreso hondureño de acuerdo con el procedimiento constitucional, ha logrado mantenerse en el poder.
La sobrevivencia del gobierno de Micheletti es admirable, porque prácticamente todos los poderes políticos, diplomáticos y económicos del mundo se han aliado y lanzado contra él. Sólo la fuerza militar no ha sido empleada —todavía—, aunque no han faltado las provocaciones para desencadenar una acción armada contra el gobierno provisional hondureño. Tal fue el caso de la aventura del 5 de julio, cuando Manuel Zelaya quiso desembarcar por la fuerza en el aeropuerto internacional de Tegucigalpa, así como el intento igualmente fracasado de entrar también a la fuerza por la frontera terrestre de Nicaragua con Honduras, el fin de semana pasado, usando Zelaya el territorio nicaragüense como base de operaciones conspirativas.
Pero tampoco han resultado, al menos hasta ahora, las gestiones políticas del presidente costarricense Oscar Arias, porque lo suyo no ha sido una verdadera mediación en la que el mediador propone una fórmula capaz de satisfacer “a medias” a las partes enfrentadas, sino que ha pretendido conseguir con la persuasión lo que Hugo Chávez, Daniel Ortega, el Alba, el Mercosur, la OEA y la ONU no han podido lograr por medio de la amenaza: es decir, restaurar en el poder a Zelaya.
En realidad, para que la mediación del presidente Arias pudiera ser exitosa tendría que haberse basado en la propuesta de que tanto Micheletti como Zelaya quedaran a un lado del conflicto, y que se formara un nuevo gobierno provisional de acuerdo con el procedimiento establecido en la Constitución hondureña, para mientras se celebran las próximas elecciones nacionales y el nuevo Presidente que resulte elegido toma posesión de su cargo.
Ahora, ante los fracasos de sus intentos por restaurar a Zelaya en el poder, Hugo Chávez y los demás gobernantes del Alba quieren aumentar la presión internacional contra el gobierno provisorio de Honduras, amenazando con que no reconocerán al nuevo Presidente hondureño que surja de las elecciones del 27 de noviembre. Siguiendo esa orientación, el Mercosur aprobó una resolución la semana pasada, y están presionando a la OEA y demás organismos intergubernamentales para que se sumen a ella.
El argumento seudo jurídico con el que pretenden sostener la posición de que el gobierno que surja de las próximas elecciones hondureñas sería ilegítimo, se basa en que los comicios convocados por un gobierno de facto no pueden tener validez. Pero es insostenible ese alegato porque las elecciones del 27 de noviembre no son convocadas por el Poder Ejecutivo, la convocatoria le corresponde al Tribunal Supremo Electoral de Honduras y fue hecha desde antes de los acontecimientos del 28 de junio. Incluso los candidatos presidenciales ya habían sido escogidos en elecciones primarias de sus correspondientes partidos.
De todas maneras, es vergonzoso que los gobiernos genuinamente democráticos sigan respaldando a los extremista gobernantes autoritarios del Alba. Los gobernantes demócratas no deberían hacerle más el juego a Hugo Chávez, Raúl Castro, Daniel Ortega y compañía, a quienes la democracia sólo les interesa para usar sus mecanismos con el avieso propósito de quebrantarla y destruirla. Los gobiernos verdaderamente democráticos deberían más bien aprovechar las próximas elecciones hondureñas como un punto de inflexión para corregir su actitud con respecto a la crisis hondureña.
El domingo pasado, al fracasar en su nuevo intento de ingresar por la fuerza a Honduras, desde el territorio nicaragüense que está empleando de manera ilegal y abusiva como base de operaciones de su aventura insurreccional, Manuel Zelaya pidió a Estados Unidos que haga uso de la fuerza para derrocar al gobierno de Micheletti y restablecerlo a él en el poder. Pero lo que deberían de hacer, en realidad, el presidente Obama y todos los gobernantes demócratas de las Américas, es desmarcarse de Hugo Chávez, Raúl Castro, Daniel Ortega y demás gobernantes del Alba en su respaldo incondicional a Manuel Zelaya.
Una magnífica oportunidad para deslindar el campo entre los verdaderos y los falsos gobernantes demócratas de las Américas, podría ser el reconocimiento de las próximas elecciones nacionales de Honduras como eje de la normalización política y la reafirmación del proceso genuinamente democrático de ese país.
