“Nosotros no tenemos petróleo ni dinero, pero tenemos una enorme voluntad para sostener la situación de crisis en Honduras”, declaró el martes de esta semana el presidente provisional de Honduras, Roberto Micheletti, ante el incremento de las presiones de la comunidad internacional de gobernantes que quieren restauración de Manuel Zelaya en el poder. Pero la declaración de Micheletti también fue una respuesta al llamamiento que Zelaya hizo el domingo 19 de julio en la noche, en una conferencia de prensa que ofreció en la sede de la Embajada hondureña en Managua, a la insurrección de sus partidarios en Honduras para recuperar el poder presidencial.
En realidad, es lamentable que la única alternativa que se vea como salida a la crisis hondureña sea la del derramamiento de sangre. Pero la sangre que se derrame en Honduras —que podría ser mucha— como consecuencia de la “insurrección” convocada por el ex presidente derrocado, no sólo caerá sobre las cabezas de Manuel Zelaya, los gobernantes del Alba que lo azuzan y los burócratas internacionales que lo respaldan. La sangre hondureña caerá también sobre las cabezas de los gobernantes demócratas que insólitamente se han plegado a la posición de Hugo Chávez y compañía, y reclaman la restauración incondicional de Zelaya en el poder, en vez de ayudar a la búsqueda de una verdadera solución, intermedia y conciliatoria.
La verdad es que la crisis política de Honduras se podría resolver de manera pacífica y en el marco de la Constitución hondureña, si los gobernantes de Estados Unidos y otros países democráticos, en vez de tratar de obligar al gobierno provisional democrático de Roberto Micheletti a rendirse incondicionalmente ante los líderes del Alba, hubieran presionado a Manuel Zelaya para que aceptara una solución negociada. Como han dicho diversas voces sensatas, está bien que los gobernantes demócratas se molestaran por la forma grosera como fue depuesto Manuel Zelaya el 28 de junio pasado. Pero igualmente debieron molestarse con los groseros atropellos de Manuel Zelaya contra la Constitución de Honduras y la Carta Democrática Interamericana, según la cual la elección libre de los gobernantes es indispensable pero es sólo una de las condiciones de la democracia.
En efecto, en el artículo 3 de la Carta Democrática Interamericana se dice textualmente que: “Son elementos esenciales de la democracia representativa, entre otros, el respeto a los derechos humanos y las libertades fundamentales; el acceso al poder y su ejercicio con sujeción al estado de derecho; la celebración de elecciones periódicas, libres, justas y basadas en el sufragio universal y secreto como expresión de la soberanía del pueblo; el régimen plural de partidos y organizaciones políticas; y la separación e independencia de los poderes públicos”. De manera que la OEA, ya que no hizo nada por impedir ni condenar los atropellos de Manuel Zelaya contra el Estado de Derecho y el principio de la separación e independencia de los poderes públicos, por lo menos debería reconocerlos a posteriori. Y ante los hechos consumados la OEA debió buscar una salida democrática ajustada a la Constitución hondureña.
En ese sentido la OEA o el mediador debieron aprovechar la buena voluntad del presidente provisional Roberto Micheletti, quien ofreció renunciar a la presidencia a cambio de que Manuel Zelaya a su vez desistiera de su pretensión de recuperar el poder. De ese modo se podía haber nombrado como nuevo mandatario provisional de Honduras al presidente de la Corte Suprema de Justicia, tal como manda la Constitución, y además se hubieran adelantado las elecciones nacionales previstas para el 29 de noviembre próximo, a fin de reducir el lapso de la transición hacia la normalidad institucional. Pero en vez de tomarle la palabra a Micheletti y aceptar su propuesta conciliadora, lo que hicieron, la comunidad internacional de gobernantes y el mediador, fue incrementar las presiones y aumentar el acoso al gobierno democrático provisional.
Tal vez todavía sea posible encontrar una salida política, pacífica y conciliatoria. Pero esto sólo sería viable si los gobernantes demócratas, al menos los más fuertes e influyentes, modificaran su posición y presionaran a Zelaya de igual modo que han presionado a Micheletti. De otra manera, ante la provocadora e irresponsable convocatoria a insurrección que Zelaya hizo desde Managua, sólo quedaría el derramamiento de la sangre hondureña, la cual, repetimos, caerá también sobre las cabezas de los gobernantes demócratas que por su cobardía no han hecho lo que debían hacer, sino que se han plegado a aventureros enemigos de la libertad y la democracia, como Hugo Chávez, Daniel Ortega, Manuel Zelaya y compañía.
