Varios líderes democráticos de Venezuela fueron esta semana a Washington, para tocar las puertas de la OEA y demandarle que se preocupe también por la malherida democracia venezolana. “La OEA no puede actuar como un médico forense que atienda democracias muertas, sino que debe evitar que mueran”, expresó el Alcalde metropolitano de Caracas, Antonio Ledezma, quien fuera elegido democráticamente por el pueblo caraqueño el 28 de noviembre del año pasado, con el 52.42 por ciento de los votos, pero inmediatamente después el dictatorial presidente Hugo Chávez le redujo la mayor parte de sus atribuciones, le cercenó el presupuesto municipal y le disminuyó la facultad de recaudar tributos para financiar las obras públicas y la administración de la Alcaldía. Además, los diputados del presidente Hugo Chávez aprobaron en la Asamblea Nacional una ley de excepción para que se nombrara una funcionaria del Poder Ejecutivo que está por encima del alcalde. Incluso el Gobierno de Chávez mandó a desalojar al alcalde Ledezma de las instalaciones donde siempre funcionó la Alcaldía de Caracas.
Con el alcalde Ledezma llegaron a la OEA, para denunciar la deplorable situación en que se encuentra la democracia venezolana bajo la bota de Hugo Chávez, los gobernadores de los Estados de Zulia y Táchira, Pablo Pérez y César Pérez Vivas. Ellos también fueron elegidos por el pueblo, pero igual que el Alcalde de Caracas y todos los demás alcaldes y gobernadores democráticos, han sido avasallados por la dictadura de Hugo Chávez.
El caso más relevante y de mayor impacto internacional, de los gobernadores estatales y los alcaldes democráticos de Venezuela que fueron elegidos por el pueblo pero Hugo Chávez les ha arrebatado sus funciones, es el de Manuel Rosales, Alcalde de Maracaibo, el líder más popular de la oposición venezolana y por eso mismo el más perseguido por el chavismo. Rosales, quien fuera obligado por la represión a huir del país y refugiarse en Colombia, donde ahora se encuentra como asilado político, fue el principal contendiente de Hugo Chávez en la elección presidencial de 2006, pero la perdió por las maniobras fraudulentas del aparato electoral oficialista.
Sin embargo fue el Alcalde de Caracas, Antonio Ledezma, quien puso en jaque al secretario general de la OEA, José Miguel Insulza, al realizar una huelga de hambre del 3 al 8 de julio corriente en la sede de la representación de esa organización interamericana de gobernantes, en Caracas, con el objetivo de demandarle que se preocupe por Venezuela de la misma manera que lo ha hecho por Honduras.
Y ahora, al concluir la entrevista en Washington con el secretario de la OEA, el alcalde Ledezma informó que le exigieron a Insulza un pronunciamiento ante la riesgosa situación en que se encuentra Venezuela, “que amenaza la paz de los venezolanos y pone en punto de quiebre la democracia. En Venezuela no hay separación de poderes, (éstos) no son autónomos, están de una u otra manera controlados por Chávez”, denunció el Alcalde de Caracas que ha sido despojado de sus funciones por el régimen de Chávez, quien, hipócritamente invoca la Carta Democrática de la OEA para defender a su compinche Manuel Zelaya, pero al mismo tiempo la pisotea brutalmente en Venezuela.
En realidad, en el artículo tercero de la Carta Democrática Interamericana se establece claramente, que la democracia requiere que los gobernantes sean elegidos libremente por el pueblo, pero que también es indispensable que los gobernantes ejerzan el poder con sujeción al Estado de Derecho, que respeten el régimen plural de partidos y organizaciones políticas y la separación e independencia de los poderes públicos. Y estos fundamentos de la democracia son atropellados de manera sistemática por el régimen autoritario de Hugo Chávez, ante la indiferencia cómplice de la OEA y su secretario general.
Frente a las denuncias de los líderes democráticos venezolanos el secretario general de la OEA, José Miguel Insulza, sólo tartamudeó que: “No creo que nadie pueda levantarse y decir ‘esto está mal o está bien’. Hay que ver qué ha ocurrido (en Venezuela) para ver si ciertamente se han saltado las leyes”. A pesar de eso el gobernador democrático de Zulia, Pablo Pérez, expresó su esperanza de que la OEA deje de ser “un club de gobiernos amigos que se cuidan las espaldas para eternizarse en el poder” y se convierta en “una organización de Estados en la que se toma en cuenta al pueblo y la expresión popular como elemento fundamental de la democracia”. Pero al parecer esto es sólo una esperanza.
