El asesor económico presidencial, Bayardo Arce, declaró en un programa de opinión transmitido el miércoles de esta semana por el Canal 8 de televisión, que el gobierno de Daniel Ortega le ha propuesto a la Unión Europea (UE) y al Grupo de Apoyo Presupuestario (GAP), que aceptaría la observación en las elecciones del 2011 a cambio del descongelamiento de la ayuda financiera estimada en unos 109 millones de dólares, que está retenida desde que el orteguismo perpetró el fraude electoral en los comicios municipales del 9 de noviembre pasado.
Ni la Unión Europea ni el Grupo de Apoyo Presupuestario confirmaron o negaron la información del funcionario orteguista Bayardo Arce, quien no es una persona confiable en sus declaraciones públicas a pesar del alto cargo que ocupa. Sin embargo, a falta de información oficial más seria y creíble, asumimos como cierto lo que dijo el funcionario Arce sobre el ofrecimiento de Daniel Ortega a la Unión Europea y el Grupo de Apoyo Presupuestario, de que permitiría la observación electoral en las próximas elecciones nacionales a cambio de que le suelten la retenida ayuda financiera para cubrir el grave déficit presupuestario.
La verdad es que el régimen orteguista necesita esa ayuda económica externa con la desesperación de un menesteroso hambriento, debido al agravamiento de la crisis económica interna que el mismo gobierno ha provocado, a la caída de las recaudaciones y al incumplimiento por parte del presidente venezolano Hugo Chávez, de la promesa que le hiciera a Daniel Ortega en el sentido de que todo el dinero que le dejaran de dar los “imperialistas” estadounidenses y los “colonialistas” europeos, el Gobierno de Venezuela se lo iba a resarcir.
Pero la propuesta o promesa de Daniel Ortega a Europa y al Grupo de Apoyo Presupuestario, de intercambiar la autorización de observación electoral por los ciento y pico de millones de dólares que están retenidos, se parece más bien al compromiso del ladronzuelo de que va a devolver una pequeña porción de lo que ha robado, a condición de quedarse con la mayor parte de lo que robó y de que le permitan volver a robar.
La verdad es que Ortega no tiene por qué ofrecer que va a aceptar la observación electoral como si fuese una concesión de su graciosa majestad, sino que está obligado a permitirla. Si bien es cierto que la observación no se encuentra explícitamente establecida como obligación, sin embargo está implícita en la legislación electoral de Nicaragua. Decimos esto porque la Ley Electoral establece en su artículo 10, numeral 8, como atribución y no como facultad del CSE, la de: “Reglamentar la acreditación y participación correspondiente a los observadores del proceso electoral”.
Además, en boca de Ortega la promesa de que va a permitir la observación electoral no significa necesariamente algo bueno. Se sabe muy bien que los gobernantes del Alba cuentan con un organismo de fachada precisamente para simular la observación electoral y avalar las maniobras fraudulentas y los fraudes totales, como el que se perpetró en Nicaragua en noviembre del año pasado. De manera que bastaría con que las elecciones de Nicaragua fuesen observadas por el Consejo de Expertos Electorales de América Latina (CEAL), como se denomina el organismo de fachada que tienen los gobiernos del Alba con el fin de avalar sus procesos electorales fraudulentos, para que Daniel Ortega alegue que cumplió su compromiso de permitir la observación. Y para entonces ya habría recibido y gastado el dinero de la cooperación externa que ahora está suplicando que le descongelen.
La Unión Europea y el Grupo de Apoyo Presupuestario no pueden aceptar esa propuesta de Daniel Ortega —que es más bien una burla—, a menos de que quieran hacerse los tontos. Ortega debe ser obligado a reconocer el fraude electoral de noviembre pasado y a revocarlo. Además, la garantía de elecciones auténticamente democráticas en Nicaragua, no sólo depende de una observación electoral independiente, nacional y extranjera, sino también del reemplazo de los magistrados corruptos y fraudulentos del CSE con personas honorables y confiables. Y depende también de otras reformas electorales, sin las cuales no puede haber elecciones libres y limpias, y por lo tanto no se cumpliría la cláusula democrática de las Américas y de Europa para la cooperación internacional. Los europeos deben saber esto mucho mejor que nosotros.
