Una vez más se están haciendo en la Corte Suprema de Justicia, maniobras para soltar al asesino de la periodista María José Bravo (q.e.p.d.), quien era corresponsal del Diario Hoy y LA PRENSA en Chontales cuando fue asesinada, el 9 de noviembre de 2004.
A María José Bravo la asesinó de un balazo que le destrozó el corazón el activista del PLC y ex alcalde del municipio chontaleño de El Ayote, Eugenio Hernández, en las afueras del Consejo Electoral Departamental de Chontales, en la ciudad de Juigalpa, cuando la joven periodista recababa información sobre los resultados de la elección municipal en Santo Tomás, donde se había denunciado un fraude electoral.
Hernández fue condenado por la Juez del Distrito Penal de Juigalpa, doctora Rosa Inés Osorio, a 25 años de prisión por el asesinato de María José Bravo, después que en el juicio se demostró que había planificado fríamente su atentado mortal contra la joven periodista. Pero ahora los magistrados del PLC en la Corte Suprema de Justicia, están tratando otra vez de cambiar la sentencia, pretendiendo que el asesinato sea recalificado como “un caso de delito de exposición de personas al peligro con resultado de muerte”. De esa manera la condena que pesa sobre el asesino Hernández se reduciría a una pena de 6 a 12 años de prisión, que además sería recortada por buen comportamiento y cualquier otra argucia legal. Y así el asesino quedaría inmediatamente en libertad.
Ya William Hurtado, asesino del periodista disidente del Frente Sandinista, Carlos José Guadamuz, se encuentra en libertad después que Daniel Ortega volvió a tomar el poder presidencial, porque según las autoridades judiciales orteguistas el prisionero sufría de “estrés carcelario” y no podía seguir en prisión. Y ahora, los magistrados del PLC retoman el argumento que el asesino de María José Bravo y su defensa presentaron en el juicio, de que la muerte de la periodista ocurrió “por casualidad”, al caer al suelo el bolso en el que se guardaba el arma de fuego, dispararse ésta accidentalmente y rebotar una bala “saltarina” primero en el piso, después en el rodapiés de una pared y finalmente impactar certeramente en el corazón de la infortunada periodista. Con esa justificación hecha como para tontos, algunos magistrados que se jactan de ser “lumbreras” del Derecho tratan de justificar el cambio de sentencia y la puesta en libertad del asesino de la periodista chontaleña María José Bravo.
Algunas personas cuestionan por qué somos tan vehementes al condenar la muerte de una periodista, siendo que su vida vale lo mismo que la de cualquier otra persona. En realidad, la vida de María José Bravo y de cualquier periodista vale igual que la de otra persona, independientemente de su profesión u oficio, del lugar que ocupa en la sociedad, de la religión que profesa y la militancia o indiferencia política que la distinga. Desde este punto de vista, asesinar a un periodista es un acto tan condenable como el de matar a cualquier otra persona. Sin embargo, cuando se asesina a un periodista en el ejercicio de su profesión, mientras está cumpliendo su trabajo que es también su derecho humano de informar y ser informado, y cuando se le mata con el propósito de silenciarlo como fue el caso de María José Bravo, entonces no sólo se asesina a la persona sino que también se mata el derecho de información y la libertad de expresión, que son valores superiores y patrimonio de todas las personas, de toda la nación, de toda la sociedad y de toda la humanidad.
Eugenio Hernández asesinó a una joven madre soltera, dejó en la orfandad a un niño muy pequeño, sumió en la desgracia a una familia y causó duelo entre los muchos amigos de la persona asesinada. Pero además, Eugenio Hernández asesinó la libertad de expresión y de información de todas las personas nicaragüenses. Por eso es que lo menos que podemos exigir es que el asesino de María José Bravo cumpla su merecida condena de 25 años de prisión. Y lo mínimo que se puede hacer desde la sociedad, es repudiar las maniobras de magistrados sin escrúpulos que faltan a su obligación de hacer justicia, desacreditan el oficio sagrado de la magistratura y ofenden la noble profesión del Derecho.
