La misión del Gobierno que fue a Washington acompañada por prominentes líderes de la empresa privada, para tratar de convencer al Fondo Monetario Internacional (FMI) de que aprobara el programa con Nicaragua, fracasó en su empeño simplemente porque no es por falta de apoyo empresarial que dicho acuerdo está en suspenso. El programa con el Fondo Monetario Internacional no se ha aprobado y posiblemente no se apruebe en este año porque el Gobierno de Daniel Ortega no ha cumplido dos de los requisitos que para el organismo financiero internacional son indispensables: la eliminación de las exoneraciones fiscales y la supresión de la indexación de las pensiones y jubilaciones del Seguro Social, o al menos la presentación en la Asamblea Nacional de las iniciativas de ley para eliminarlas.
Pero hay causas más profundas de los aprietos económicos y financieros en los que el Gobierno de Daniel Ortega ha metido al país. Se trata de las violaciones del Estado de Derecho, de la inseguridad jurídica provocada con sus políticas erróneas y aventureras, de la falta de condiciones apropiadas para atraer inversiones, hacer negocios y generar empleos, de los atropellos a la institucionalidad democrática y sobre todo el escandaloso fraude electoral perpetrado en los comicios municipales del año pasado, que condujo a la pérdida de cuantiosos recursos de cooperación externa para el financiamiento presupuestario y de obras materiales destinadas a promover el crecimiento económico y la disminución de la pobreza en el país.
Sin duda que los empresarios privados están en lo suyo, al apoyar al Gobierno en temas como el de tratar de convencer al FMI de que apruebe el programa económico con Nicaragua. En este sentido cabe señalar que no sólo el Gobierno sino también la empresa privada y toda la población sufrirían las consecuencias de que por falta de acuerdo con el Fondo no se reciban los 35 millones de dólares de este organismo para apoyo presupuestario, que están retenidos, “a los que hay que sumar alrededor de 52 millones de dólares del BID y del BM, para un total de 87 millones”, según informó ayer LA PRENSA.
Además, desde noviembre de 2006, cuando Daniel Ortega aún no había tomado posesión de la Presidencia de Nicaragua, en una reunión realizada en el Incae con la cúpula empresarial, ambas partes acordaron apoyarse mutuamente alrededor de lo que llamaron “ejes de desarrollo”. En aquella ocasión Ortega hizo varias promesas de fondo a los empresarios y aseguró que era “el inicio de una gran alianza para convertirla en acciones”. Dos años y medio después, si Daniel Ortega les ha cumplido o no a los empresarios, ellos lo saben mejor que nadie. Pero en lo que a nosotros respecta lo que hemos observado es una sensible merma de la actividad económica, productiva y comercial; un grave deterioro de las condiciones para atraer inversiones, hacer negocios y generar empleos; gran aumento del desempleo y la pobreza; quebrantamiento de la seguridad jurídica y el Estado de Derecho; acoso fiscal a empresas privadas y chantajes para someterlas al interés del capitalismo de Estado, partidista o familiar; competencia desleal con empresas privadas a base de la utilización abusiva de los fondos del Seguro Social, etc.
De todas maneras, repetimos que es comprensible que los empresarios privados respalden al Gobierno de Daniel Ortega en gestiones como el viaje a la sede del FMI, cuyo programa no sólo es de la conveniencia gubernamental y empresarial, sino también del interés nacional. Pero los empresarios también deberían exigirle a Daniel Ortega que cumpla su compromiso de respetar el Estado de Derecho y de gobernar para todos los nicaragüenses, que restablezca la confianza en el sistema electoral ante todo reconociendo y revocando el fraude del año pasado, que le permita a Nicaragua seguir avanzando por el camino del progreso democrático.
Está bien que los empresarios apoyen al Gobierno de Daniel Ortega en temas que consideren necesarios y convenientes. Pero de igual modo explícito y entusiasta deberían apoyar a los que luchan en condiciones cada vez más precarias por defender la democracia y mantener encendida la luz de la libertad, incluyendo la libertad de empresa y de mercado. Los hombres y mujeres del sector empresarial deben saber mejor que nadie que Nicaragua tiene que ser un país de libertad, derechos y oportunidades para todos, no sólo para gobernantes y empresarios.
