El lunes de esta semana, el presidente Daniel Ortega cuestionó fuertemente a las Naciones Unidas y demandó una transformación radical de este organismo internacional.
La ONU, como es bien sabido, fue fundada en 1945, al terminar la II Guerra Mundial, con el objetivo fundamental de promover la paz en el mundo e impedir una nueva conflagración universal. Y hay que reconocer al respecto que desde que existe la ONU no ha habido otra guerra mundial, como las que asolaron al mundo en los períodos de 1914 a 1918 y de 1939 a 1945. Aunque también es cierto que la ONU no ha podido impedir los frecuentes y numerosos conflictos bélicos regionales y locales, que han estallado y siguen estallando en distintas partes del mundo.
Por otra parte, el Sistema de la ONU ejecuta diversos programas de ayuda al desarrollo económico y social de los pueblos pobres y atrasado, no obstante que con frecuencia se le acusa de ineficiencia, excesivo burocratismo y corrupción, así como de apañar a gobiernos autoritarios y violadores de los derechos humanos.
Pero el cuestionamiento a la ONU no es nuevo y mucho menos original de Daniel Ortega. Es el mismo planteamiento radical que han venido haciendo desde hace muchos años —a pesar de que mucho se han servido de las Naciones Unidas—, gobernantes despóticos y autoritarios de distintas partes del mundo, como Kim Zong Il de Corea del Norte, Joseph Mugabe de Zimbabwe, Mahmoud Ahmadinejad de Irán, Fidel Castro de Cuba, Hugo Chávez de Venezuela y otros de ese mismo tipo, a los que se ha sumado ahora Daniel Ortega de Nicaragua. Inclusive, el dictador de Venezuela, teniente coronel Hugo Chávez, propuso en septiembre del año pasado, ante la Asamblea General de las Naciones Unidas, sacar a ésta de Nueva York, Estados Unidos, donde tiene su sede desde su fundación en 1945; y trasladarla a cualquier país del Tercer Mundo el cual, dijo, podría ser Cuba comunista. Y por cierto que en reacción a la propuesta de Chávez, en aquella ocasión se oyeron voces que sugirieron tomarle la palabra, pues para Estados Unidos la ONU es una carga tan pesada como inútil.
En realidad, la demanda de reforma al sistema de las Naciones Unidas no sólo proviene de la izquierda extrema y moderada, sino también desde la derecha y posiciones intermedias. Así, mientras por un lado se propone suprimir el derecho de veto en el Consejo de Seguridad que tienen las cinco potencias vencedoras en la II Guerra Mundial (Estados Unidos, Rusia, Francia, Inglaterra y China), por otro lado se cuestiona que países tan pequeñitos como Tuvalu, por ejemplo, que tiene apenas 26 kilómetros cuadrados y menos de 12 mil habitantes, su voto en la Asamblea General tenga el mismo valor que el de Brasil con sus 8 millones y medio de kilómetros cuadrados y 180 millones de habitantes.
Sin embargo, el problema principal de las Naciones Unidas es la disparidad en la calidad de sus miembros. Es decir, que mientras algunos de los países integrantes de la ONU son libres y efectivamente democráticos, otros están dominados por regímenes tiránicos y caudillos autoritarios. Y como éstos son mayoritarios, en muchas ocasiones logran imponer en la Asamblea General y en las instituciones permanentes de Naciones Unidas decisiones a favor de sus particulares intereses y perjudiciales para los demás. Eso es lo que explica que países gobernados por despiadados violadores de derechos humanos, como Sudán, Cuba e Irán, son sin embargo miembros del Consejo de Derechos Humanos de la ONU.
Ahora bien, el realismo de la política internacional indica que es imposible que las potencias que son miembros permanentes del Consejo de Seguridad de la ONU cedan su derecho de veto porque de eso se aprovecharían gobernantes extremistas e irresponsables como Chávez y Ahmadinejad. Lo que sí es posible es que otras potencias democráticas, como Alemania, Brasil y Japón, pasen a ser miembros permanentes del Consejo de Seguridad y tengan también derecho de veto. Así, a pesar de las pataletas de los Chávez y compañía la ONU podría seguir funcionando y sobre todo impidiendo una nueva guerra mundial, ya que no puede impedir los conflictos regionales y locales.
