LA PRENSA informó en su edición de ayer que el candidato presidencial del FSLN, Daniel Ortega Saavedra, y otras personas que ocuparon altos cargos gubernamentales durante el régimen sandinista —Humberto Ortega Saavedra, ex jefe del Ejército Popular Sandinista; Tomás Borge, ex Ministro del Interior; Lenín Cerna, ex jefe de la Dirección General de Seguridad del Estado (DGSE); y Omar Cabezas, ex Viceministro del Interior y actual Procurador para la Defensa de los Derechos Humanos—, fueron acusados formalmente el viernes de la semana pasada por los delitos de genocidio y crímenes de lesa humanidad, ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH).
La acusación fue puesta ante la CIDH por la Comisión Permanente de Derechos Humanos de Nicaragua (CPDH), y varios ciudadanos miskitos, en representación de ellos mismos y de los familiares de las personas que fueron víctimas de la Operación Navidad Roja de 1983, que “dejó como resultado no menos de 64 muertos, 13 torturados, 15 desaparecidos y diez mil desplazados civiles hacia Honduras, y otros diez mil confinados en cinco campamentos bautizados como Tasba Pri (Tierra Libre)”, tal como se consignó en la información de LA PRENSA publicada ayer.
Esta grave acusación contra Daniel Ortega ha sido presentada en la CIDH cuando el país se encuentra en plena campaña electoral, en la que el líder del FSLN es candidato presidencial por este partido y lidera las encuestas de intención de voto. Pero la acusación no se basa en invenciones sino en hechos reales que ocurrieron durante la dictadura sandinista de los años ochenta, los cuales no han sido esclarecidos.
Sin duda que la palabra genocidio es fuerte y evoca las matanzas de decenas de millones de personas ejecutadas por orden de Adolfo Hitler y su diabólico régimen nacional socialista; así como las represiones masivas del comunismo, que causó más de cien millones de muertos (65 millones en China comunista, 20 millones en la Unión Soviética, un millón en Vietnam, 2 millones en Corea del Norte, 2 millones en Camboya, un millón en Europa del Este, 150 mil en América Latina, 1.7 millones en África, 1.5 millones en Afganistán y unos 10,000 muertos en el balance del movimiento comunista internacional y los partidos comunistas en el poder), según se registra en El Libro Negro del Comunismo que fue publicado en Francia en 1997 (y en español en 1998) por un grupo de destacados intelectuales franceses encabezados y coordinados por Stephane Courtois.
El genocidio es tipificado por la ley internacional como un crimen de lesa humanidad “consistente en el exterminio de grupos humanos por razones raciales, políticas o religiosas, o en la implacable persecución de aquellos por estas causas”, según señala el enciclopedista jurídico argentino Guillermo Cabanellas. Y explica que el vocablo genocidio, “con etimología griega en genos, raza, y latina en caedere, matar, fue ideado por el polaco Rafael Lemkin en su obra Axis Rulex in Occupied Europa (Normas del Eje en la Europa ocupada), publicada en Washington en 1944 y fue admitido vertiginosamente en el mundo entero”.
La Organización de Naciones Unidas (ONU) emitió en diciembre de 1946 una declaración en la que calificó el genocidio como “crimen de derecho internacional” e “invitó” a los Estados Miembros a aprobar la legislación necesaria para perseguir y castigar a los culpables de cometer delitos de carácter genocida. Posteriormente, en diciembre de 1948, la ONU adoptó la Convención para la Prevención y la Sanción del Delito de Genocidio, la que entró en vigor a partir del 12 de enero de 1951 y cabe señalar que Nicaragua forma parte ella y por lo tanto está obligado a cumplirla.
Pero ninguno de los gobiernos que ha habido en Nicaragua desde 1990 ha sido capaz de hacer justicia por los crímenes que fueron cometidos durante el régimen sandinista, como sí lo hizo éste con los crímenes del somocismo. De manera que es procedente pedirle a la CIDH que tramite la acusación contra Daniel Ortega y compañía y traslade el caso a la instancia judicial internacional correspondiente.
En realidad, ya que los tribunales de Nicaragua, por razones obvias, son incapaces de hacer justicia en casos como el de la Navidad Roja sandinista de 1983, únicamente cabe esperar que sean los tribunales internacionales los que atiendan la denuncia y la acusación de los miskitos nicaragüenses.
