Emilio Porta [email protected]
Desde que se instauró la democracia en Nicaragua nuestra clase política ha realizado diversas reformas y contrarreformas a nuestra Constitución con el objetivo de que la misma se acople de mejor manera al contexto político y a las negociaciones que realizan los políticos para repartirse cuotas de poder.
Lamentablemente no hemos visto la misma voluntad política para hacer cambios en la Constitución en el tema del 6 por ciento. Dicha disposición fue creada durante el período de transición antes que asumiera la Presidencia Violeta Chamarro. Su falta de claridad y objetividad además de traer inestabilidad política ha servido para profundizar la desigualdad social en Nicaragua.
Abundantes datos y estudios han demostrado que los pobres raramente acceden a la educación superior. Ocupando la última Encuesta de Nivel de Vida se logra demostrar que los pobres y extremadamente pobres representan menos del 6 por ciento de la matrícula universitaria. Esto resulta en que los estudiantes universitarios que provienen del 40 por ciento de las familias con mayores niveles de consumo se beneficien con más del 85 por ciento de los fondos que el Estado le otorga al CNU. Es decir, los menos necesitados a partir del 2001 son beneficiados con unos 40 millones de dólares por año.
Nicaragua, siendo el segundo país más pobre de América Latina, es el que proporcionalmente favorece más a la educación universitaria entregándole un 43 por ciento de su presupuesto público para educación, mientras que en promedio los demás países destinan sólo el 20 por ciento. Esta inequidad se da a sabiendas que en nuestro país más de 800 mil niños no tienen acceso a la educación.
Con los 40 millones de dólares que el Estado destina para la educación superior de los que más tienen, se pudiera brindar educación primaria o secundaria a más de 500 mil niños pobres que no tienen acceso a las aulas de clases. Esta inequitativa distribución que el Estado realiza de los fondos que se destinan para educación equivaldría a que en nuestras familias dejáramos sin educación primaria o secundaria a la mayoría de nuestros hijos a cambio de enviar a uno a la universidad.
Al momento de analizar la inversión que el Estado realiza en la educación superior es importante también analizar la eficiencia interna que se observa en las casas de estudios que reciben fondos del 6 por ciento. Ocupando la información estadística que presenta el CNU se puede concluir que en promedio sólo un 20 por ciento de los alumnos matriculados llegaba a concluir sus estudios universitarios en un período de cinco años. Las altas tasas de deserción y repitencia que se observan en estas universidades dan como resultado que sus egresados cuesten cuatro veces más que el egresado de una universidad privada que no recibe subvención del Estado.
Siempre que se hace un recuento de las huellas que en estos 15 años han dejado las marchas y disturbios ocasionados por la discusión del 6 por ciento se piensa en los muertos, lesionados y en los daños materiales. Sin embargo, la secuela más triste y grande que ha dejado la reforma constitucional del 6 por ciento es la exclusión que se ha hecho de miles de niñas y niños de acceder a educación primaria y el reforzamiento de la inequidad social que se genera al dar recursos para estudiar educación superior justamente a los que más tienen.
Ojalá los diputados tomaran conciencia al momento de distribuir el presupuesto y pensaran en los miles de niños que están condenando a vivir por el resto de sus vidas en la pobreza, pues año con año se les niega su derecho a recibir educación. El hecho de que estos niños no marchen, quemen morteros y no tengan la edad para votar no debería de excluirlos de la agenda política.
El autor es Master en Gestión y Políticas Públicas del Departamento de Ingeniería Industrial de la Universidad de Chile
