Azucena Castillo
El desarrollo de Latinoamérica ha estado sometido a la ley del péndulo que no le ha permitido crecer con equidad. Los resultados de las políticas económicas del Consenso de Washington no respondieron a las expectativas. Ahora, se habla del Disenso de Washington, un nuevo enfoque para reducir la pobreza e incrementar la equidad sin sacrificar el crecimiento, por lo que la validación de una fórmula exitosa en la que la política social y la económica sean igual a crecimiento equitativo, dependerá del equilibrio de esas dos variables de la ecuación en función de cada país.
El nuevo orden internacional da al mercado el rol de la asignación de los recursos por lo que sus efectos estáticos darán buena cuenta de los ineficientes e improductivos. Para ser competitivos se requiere una buena combinación de los factores de producción, y en Nicaragua, donde el recurso humano constituye el principal activo, se requiere urgentemente una atención consistente y congruente para producir competitivamente.
Los países débiles como Nicaragua son más vulnerables por la propia volatilidad de su PIB, que es más perversa en el consumo de la gente pobre, por la debilidad en la protección social, pues las familias no tienen ahorro para enfrentar períodos de crisis y desempleo. Es lógico: a mayor deterioro del PIB mayor deterioro del recurso humano, y viceversa.
En los 80 Nicaragua perdió un stock de capital, incluyendo social y humano, ahorro, y el crecimiento de los 90 no produjo el empleo sostenible prometido. Según la CEPAL, en América Latina de cada diez empleos siete eran informales aumentándose la proporción de trabajadores sin protección social. A los inicios de esa década se enfatizó una política de crecimiento basada en generación de empleo e ingresos, soslayando la recuperación del capital humano necesario para dar sostenibilidad a la economía. El resultado se reflejó a finales de la década y principios del 2000: una región en estado recesivo, exportaciones disminuidas y el empleo formal ausente. Para Nicaragua, el Seguro Social reporta apenas una cobertura de 311 mil personas.
En Nicaragua “los objetivos del milenio” para la superación de la pobreza se convierten en verdadero dilema pues las necesidades de inversión en cantidad y calidad para lograr las metas en 2015 son confrontadas por los ajustes y reformas.
Para crecer debe invertirse con un balance socio-productivo, que a la vez que atienda a los pobres, éstos se involucren en la producción. Esa es la ecuación que tiene empantanados a los especialistas. Las políticas del FMI lógicamente enfrascadas en una sanidad indispensable de las finanzas públicas y las metas de la ERCERP moralmente necesarias para disminuir la pobreza e incrementar la equidad.
Se debe lograr una mezcla económica social racional, en la que el fiel de la balanza sea la equidad en los niveles de inversión orientados a la productividad y atención social. Se deberá asegurar que ambas políticas, económica y social, trabajen en función de un mismo objetivo: mejorar el nivel de vida de los nicaragüenses.
Dicen que la equidad ha estado ausente de la agenda de apertura de los noventa. Me atrevería a decir que ha estado mal planteada, desde un ángulo asistencialista en lo social y desde un ángulo excluyente de la eficiencia y crecimiento en lo económico. Por eso, a pesar que el gasto social ha crecido sostenidamente y que las reformas económicas se han implementado, la brecha se ha ampliado.
Urge revisar el enfoque del combate a la pobreza. Los programas sociales y productivos deberán concebirse como un medio para el desarrollo local y la inserción de los pobres en la economía. Aún los proyectos de protección social a grupos vulnerables no deberán divorciarse de lo productivo. Se debe incluir el tema territorial con un enfoque de fortalecimiento y armonización con el crecimiento, aprovechando el uso sostenible del espacio y los aportes del capital social.
Nicaragua por su fragilidad económica y polarización política se encuentra en una encrucijada más difícil que otros países. Por eso el Gobierno presenta hoy un Plan Nacional de Desarrollo asumiendo el reto de ver el crecimiento y la equidad como dos caras de la misma moneda, una política social articulada al crecimiento. Nicaragua no puede seguir trabajando en dos modelos, pues se descargan del primero los costos del segundo.
Este Plan para un horizonte de tiempo no significa esperar décadas o sustituir al mercado, sino facilitar la plataforma y el marco imprescindible para funcionar con equidad. Son políticas de largo aliento que deben iniciar a lo inmediato para no seguir heredando miseria a las nuevas generaciones.
Desde ya, los programas sociales tienen más sentido al sintonizarse como instrumentos eficientes y credibilidad política al enlazarse con lo económico. El proyecto debe ser un medio para apoyar a generar ingresos a la población vulnerable, y el resultado de satisfacer las necesidades básicas con escuelas, centros de salud, agua potable, deberá también reflejar una mejoría en la línea de la pobreza.
Buscar una dimensión productiva a los proyectos sociales y una estrategia social en los productivos es promover la dignidad y autoestima, generando cultura de previsión, disminución de la vulnerabilidad, y fomentar una base social estable y una dinámica educativa. Es un paso, de la subsistencia a generar los propios ingresos, que los nicaragüenses deberán decidirse a dar para salir del karma de políticas desarticuladas.
La autora es presidenta ejecutiva del Fondo de Inversión Social (FISE).
