Freddy Potoy [email protected]
Un escándalo más y en Nicaragua todo seguirá igual. El caso de corrupción de menores en el que implican a Silvio Conrado, asesor económico del directorio sandinista, sólo será eso, y si acaso hay cárcel para los acusados, luego vienen todos los recursos para obtener libertad o bajar las penas.
Revisemos algunos casos. Sólo cuando hay un interés político de hacer prevalecer la justicia es que las cosas se llevan con empeño, pero aún en estos casos, hay tantas distorsiones que fácilmente se puede deducir que el que tiene el poder político, económico y de otra naturaleza, aplica la ley a quien le cae mal, le estorba o por venganza política.
Recuerdo en el caso del fraude al Canal 6 de la televisión estatal, al propio Presidente de la República, Enrique Bolaños, abogando por varias personas, que según él, no eran responsables de las zanganadas en esa empresa. Finalmente nadie cometió delito.
Byron Jerez y Arnoldo Alemán seguro que están bien presos. Pero queda una mala impresión de la justicia cuando veo que la ley en Nicaragua tiene sólo una vía: perjudicar al que estorba y liberar al que es amigo.
En el caso de Zoilamérica en su juicio contra Daniel Ortega, simplemente se archivó. Ahí está ella dando la batalla en un tribunal internacional donde cada día se desvanece el caso hasta quedar en nada.
El diputado Fernando Avellán disparó contra una multitud en la rotonda Rubén Darío en el centro de la capital hace un buen tiempo, huyó tranquilamente varios meses a Estados Unidos y luego fue sobreseído.
Otro caso insólito es el de Tirso Moreno, secuestrador de varios empleados del Diario LA PRENSA que entró repartiendo balas y puso en peligro la vida de los mismos. Tranquilamente fue absuelto por un jurado de conciencia.
En la quiebra de los bancos en Nicaragua no pasó de ser un simple escándalo que costó cientos de millones de dólares y ya nadie recuerda a los famosos hermanos Centeno Roque, quienes fueron los más connotados “quiebra bancos”.
Y el más reciente escándalo que sacudió por tres meses a la institución policial. El propio jefe de la Policía Nacional, Edwin Cordero, confesó un delito al decir que ellos pagaban a sus “bombines” (informantes que normalmente son delincuentes) con dinero y droga incautada a los narcotraficantes.
Pero antes se destapó con abundantes pruebas la corrupción de varios oficiales del Departamento Antidrogas de la Policía de Bluefields y luego el involucramiento de otros agentes con traficantes de droga en Matagalpa, y en vez de procesarlos y mandarlos a la cárcel, el presidente Enrique Bolaños y la Drug Enforcement Administration (DEA), apoyaron a esta gente. Imaginen en manos de quién está la seguridad ciudadana en Nicaragua.
Irónicamente, los mandos policiales que admitieron que pagaban con droga y dólares incautados a sus “delincuentes colaboradores” se llenan la boca diciendo que somos uno de los países más seguros de Centroamérica y América Latina. Se imaginan qué clase de burla contra los nicaragüenses. Por eso, el caso de Silvio Conrado será uno más de “paisito”, como diría el caricaturista Manuel Guillén.
