Ana Patricia Elvir [email protected]
¿Por qué una propuesta del Ministerio de Educación sobre educación en la sexualidad ha sido tan polémica, si es obvia la necesidad de que las escuelas ofrezcan este tipo de formación? Porque el tema toca los valores de los adultos responsables de estos niños y adolescentes, los que probablemente no fueron suficientemente consultados, o si lo fueron, porque algunos continúan en desacuerdo sobre los mensajes sugeridos en el proyecto de manual de sexualidad. Para que la discusión no conduzca al fracaso de una iniciativa necesaria, ésta debería, eventualmente, orientarse a la reflexión sobre cómo decidir los contenidos de naturaleza ideológica de lo que se enseña en las aulas. También avanzaríamos mucho si se discute más ampliamente la educación en la sexualidad, a como lo amerita la complejidad del tema, y si se construye una política que reconozca nuestra diversidad.
En Nicaragua convivimos padres y tutores de variadas y encontradas ideas. Mientras unos quieren educar a los menores en la abstinencia sexual antes del matrimonio, otros prefieren que sus hijos tengan experiencias prematrimoniales antes de decidir la pareja con quién quieren procrear, y por tanto, son permisibles al uso de anticonceptivos. Hay quienes consideran la práctica homo o heterosexual como una opción individual, y por tanto un derecho de cada adulto, mientras otros sólo aceptan la segunda como sana y socialmente aceptable, y por tanto asumen como su derecho la condena y hasta persecución a quienes tienen ideas y prácticas diferentes. La educación en la sexualidad incluye otra larga lista de temas sobre los cuales hay una variedad insospechada de puntos de vista encontrados. Estos temas incluyen el del aborto, el lugar que mujeres y varones deben ocupar en la familia y en la sociedad, el papel del Estado ante la violencia familiar, y muchos otros más.
También son diversos los niveles de formación e involucramiento en la educación de los niños. Mientras unos padres y tutores son analfabetas, y por tanto no tienen casi información ni posibilidades de orientar la educación en la sexualidad de los menores a su cargo, otros son profesionales con estudios de postgrado, en mejores condiciones de tomar plena responsabilidad de la educación en la sexualidad de sus hijos y de ser activas contrapartes del Estado en la formulación de la política educativa. Los nicaragüenses también nos diferenciamos por el tiempo y condiciones disponibles para dedicarnos a la educación en la sexualidad de los menores. En un extremo está una mayoría de madres solteras y empobrecidas que no pueden asumir directamente esta responsabilidad, principalmente por razones socioeconómicas, por lo que la comparten o delegan en familiares y amistades. En el otro extremo están las familias altamente funcionales, con capacidad e interés de tomar parte activa en la educación de sus hijos, incluyendo la ejemplificación en la práctica de los adultos de los valores que esperan que los menores adopten.
Una política de educación en la sexualidad, aceptable para la mayoría, y en consecuencia duradera, debería tomar en consideración estas diferencias, es decir, ser incluyente y evitar formas potenciales o reales de discriminación de los pensamientos existentes. Debería también ofrecer oportunidades similares de participación en el debate a todos los padres de familia y tutores.
No cabe duda que es en el núcleo familiar donde los menores deben recibir, en primera instancia, la educación en la sexualidad, de acuerdo a los valores de sus padres y tutores. Sin embargo somos una sociedad con distintos pensamientos sobre sexualidad, y nuestros hijos conocerán de estas diferencias cuando salgan del hogar. También somos una sociedad de diferentes niveles de desarrollo familiar. Además, los jóvenes tienen derecho a desarrollar sus propios valores sobre sexualidad, como parte de su preparación hacia la vida adulta. Por tanto, a la escuela le corresponde ayudar a las familias a enseñar a los menores la dimensión de salud reproductiva de la sexualidad, y educar a sus alumnos en el conocimiento y respeto a la diversidad de valores sobre sexualidad existentes en el país. También le corresponde formar en los alumnos un pensamiento reflexivo y crítico, adecuado para el ejercicio de la autonomía, porque en última instancia serán ellos y ellas quienes tomarán la decisión de cómo practicar su sexualidad. Una política que incluya estos principios podría facilitar la generación de consensos, y en consecuencia, contribuir a mejorar nuestra joven democracia. Asimismo, incluir en la discusión las preocupaciones de los estudiantes sobre su sexualidad podría ser una mejor manera de continuar este debate, para poder ayudar al bienestar futuro de nuestros jóvenes, que es lo que realmente interesa.
La autora es candidata a doctora en educación de la Universidad de Harvard.
