Alejandro Serrano [email protected]
Nicaragua atraviesa un momento de incertidumbre que afecta el presente y ensombrece el futuro.
Las dificultades económicas, los problemas sociales, la inseguridad jurídica y la desconfianza política, marcan un camino peligroso del que deberíamos tratar de salir cuanto antes.
Si la situación económica sigue igual o se endurece aún más y la situación social continúa su deterioro en lo que concierne al empleo y la pobreza, los términos de la crisis económica y social serían muy severos y de difícil solución.
Si en el plano político no hay cambios y el grado de politización de las instituciones no se reduce sino que se mantiene o acrecienta y los intereses partidarios continúan concentrados en la repartición de las cuotas de poder y en la reedición de candidaturas presidenciales en base a la reiteración de liderazgos personales, la crisis política se agudizaría pues tal situación, que ya pesa mucho en el presente, arrastraría consigo al futuro inmediato las tensiones y problemas acumulados.
¿Qué hacer, entonces? ¿La reiteración y acumulación de problemas es, acaso, algo imposible de que ocurra, o, por el contrario, es una hipótesis peligrosamente probable? Sigo pensando que para promover un cambio cualitativo que nos permita salir de esas arenas movedizas, es absolutamente necesario un acuerdo que desemboque en un proyecto de nación.
Pero dentro del cuadro general de este imprescindible contrato social nicaragüense, quizás deba pensarse en un plan inmediato, o si se quiere, de emergencia, como el primer e ineludible paso de ese proyecto estratégico general.
El tema de la pobreza y de la generación de empleos constituye un punto prioritario dentro de este plan de emergencia. Posiblemente se dirá, de parte de algunos, que el empleo debe generarse en el sector privado como consecuencia de la reactivación económica. Cierto, pero si esto no ocurre por falta de seguridad jurídica y la inexistencia de reglas claras, el Estado debe buscar alternativas ante esta situación que deviene no sólo un problema económico y social sino también político, en detrimento de la propia estabilidad del país.
En vista de ello se imponen una serie de medidas, entre las cuales cabe mencionar: la reducción razonable de los cuerpos colegiados en las cúpulas de los poderes del Estado, la reestructuración del sistema de salarios en forma adecuada a las necesidades del país, la racionalización de las indemnizaciones a los funcionarios del sector público, la reducción del monto de las pensiones a los máximos permitidos por la seguridad social.
Estos recursos ahorrados deberían ser aplicados de inmediato a la creación de empleos en áreas sensibles y al establecimiento, aunque en forma preliminar, de proyectos sociales, para que, a partir del empleo, se movilice la circulación de recursos y active la economía, aunque sea en forma elemental.
No hay que esperar pasivamente la cooperación internacional, la inversión extranjera, la reactivación de la economía en el sector privado, el CAFTA, o cualquier otro mecanismo en el que se depositen, tal vez en forma excesiva, las esperanzas de recuperación económica.
En el plano político e institucional, las primeras reformas deberían orientarse a garantizar la independencia en los nombramientos de jueces y magistrados, mediante el sistema de concursos de oposición. Para el corto plazo, sería necesaria la reforma parcial a la Constitución para establecer la “prohibición absoluta a la reelección presidencial”. De igual manera se puede pensar en la reforma que establezca la elección uninominal de diputados.
Éstos podrían ser algunos de los primeros temas a discutir dentro de un proceso de diálogo nacional que incluya a los poderes del Estado, a los partidos políticos y a la sociedad civil. Luego vendría la discusión en profundidad del proyecto de nación y de los otros temas de fondo referidos a la reforma del Estado y a la estrategia económica y social de desarrollo.
El autor es filósofo.
