Esta semana se llevó a cabo en Montelimar un seminario sobre políticas de seguridad nacional, organizado por el Ministerio de Defensa y con la participación de expositores del Centro de Relaciones Civiles-Militares de la Escuela Naval de Postgrados de Monterrey, California, Estados Unidos de Norteamérica.
Por el contenido de las exposiciones, la calificación de los expositores y la representatividad de los participantes (funcionarios del Ministerio de Defensa, prominentes oficiales del Ejército, diputados, altos oficiales de la Policía, académicos, representantes de los llamados organismos de la sociedad civil y periodistas), este evento fue un eslabón importante en el proceso de mejoramiento de las relaciones civil-militares, que es uno de los ejes fundamentales de la democracia.
Según los reportes periodísticos, los participantes en el seminario de Montelimar discutieron temas cruciales referentes a la democracia y las relaciones y fuentes de tensiones entre civiles y militares; definición de los roles y misiones de los militares; creación de las políticas militares y de defensa; rol de la sociedad y los ciudadanos en la formulación y aplicación de las políticas de defensa nacional y la actitud de los militares ante la ley. Y además, las características del advenimiento de la nueva democracia, relación entre democracia y seguridad nacional, operaciones de inteligencia y contrainteligencia (espionaje), inclusive algo que los organizadores del seminario definieron como “denuncias exageradas de los medios que gozan de libertad”.
En realidad, la discusión, definición y ejecución de una verdadera política democrática de defensa nacional es de particular relevancia por los antecedentes histórico-políticos del Ejército de Nicaragua. Es decir, porque se trata de un Ejército que nació como una fuerza revolucionaria, con un profundo compromiso ideológico y partidista, y que es apenas una de las tres instituciones que sobrevivieron a la revolución popular sandinista, junto con la Policía y el FSLN.
Durante los 13 años que transcurrieron desde el fin de la revolución sandinista, el Ejército no sólo cambió de nombre y comportamiento, sino que evolucionó hacia la profesionalización y el apoliticismo, aunque todo mundo sabe que sus altos mandos siguen siendo ideológicamente sandinistas y que la institución castrense es más autónoma que subordinada realmente al Presidente de la República y el Ministro de Defensa.
Precisamente por eso es que hay comprensibles y justificadas dudas acerca de la actitud que tomarían los altos mandos militares en caso de que el FSLN volviera al poder. O sea que si los militares y los civiles sandinistas caerían o no en la tentación de impulsar otra aventura revolucionaria, o de alentar o apoyar la instauración de una cuasi dictadura izquierdista como la de Hugo Chávez en Venezuela, o si más bien garantizarían que el FSLN no desvíe el curso del proceso democrático nicaragüense.
Precisamente por eso es de singular importancia que los sectores civiles democráticos del país se involucren en el proceso de las relaciones cívico-militares. En efecto, para mejor conjurar el peligro de eventuales aventuras militaristas y revolucionarias que pudieran hacer naufragar a la frágil democracia nicaragüense, a ésta hay que fortalecerla y enriquecerla con políticas transparentes de defensa nacional, fundadas en una clara definición de estrategias que respondan a los intereses nacionales y que sean el marco referencial de actuación del Ejército, pero también y ante todo en que la autoridad civil asuma efectivamente la conducción de la política de defensa y el control de la institución armada, comenzando por la administración del presupuesto militar que es lo que determina si una fuerza armada se subordina o no a la autoridad civil del Estado.
Es decir, que el Presidente y el Ministro de Defensa no sólo finjan que controlan al Ejército, sino que lo controlen, y que los jefes militares no sólo simulen subordinación a las autoridades civiles del Estado, sino que de verdad se subordinen. De manera que es estratégico y vital que los ciudadanos se apropien de las políticas de defensa y que los militares avancen más consistentemente en su redefinición profesional y su conversión democrática; de conformidad con el axioma democrático de que la formulación de las políticas de defensa nacional no debe recaer exclusivamente sobre los militares y el gobierno, sino que debe ser compartida con todos los sectores de la sociedad.
