Luis Felipe Palacios [email protected]
La insuficiencia renal crónica quedo incorporada ayer como enfermedad de riesgo ocupacional, luego que 59 diputados ante la Asamblea Nacional votaran a favor y de forma unánime la Ley de Adición de Insuficiencia Renal Crónica (No. 185), al Código del Trabajo.
La diputado Alba Palacios, Presidenta de la Comisión de Asuntos Laborales, indicó que la Ley permite que todo trabajador que resulte con incapacidad en su riñón, como consecuencia de sus labores, podrá hacer uso de lo que establece el Seguro Social por incapacidad total o parcial, y podrá exigir, además, indemnización a sus patronos.
“La Ley favorecerá a los trabajadores nicaragüenses, dado que no solamente se adicionará la insuficiencia renal crónica, sino que las enfermedades profesionales de los trabajadores pasarán a ser consideradas de riesgo ocupacional, e inmediatamente cualquier trabajador podrá hacer uso de lo que establece la seguridad social”, explicó.
La diputada Palacios señaló que la Ley de Adición al Código del Trabajo establece también los mecanismos y sanciones para que cualquier autoridad, en este caso el Ministerio del Trabajo, pueda ser sancionada si no cumple con lo que establece la Ley No. 185.
SEVERAS SANCIONES
La presidenta de la Comisión de Asuntos Laborales afirmó que la Ley ofrece a los trabajadores la oportunidad de designar abogados del Ministerio Público y el Ministerio de Trabajo, de forma gratuita, para que establezcan acciones judiciales contra los empleadores, ya sea del sector privado o del sector estatal, en caso que les hayan violentado las normas de seguridad e higiene ocupacional.
“De tal manera que puedan recibir justicia, en relación a las indemnizaciones que a través de otros procesos judiciales tendrán que impulsar y que no tienen los recursos para pagar sus abogados”, añadió.
Aseguró que si existe incumplimiento a la Ley de parte del Ministerio del Trabajo, el funcionario podría perder hasta el ciento por ciento de su salario en un mes, e incluso ser destituido de su cargo.
En el caso de los empleadores privados —agregó Palacios— se tendrá que cerrar temporal o totalmente las empresas que estén afectando a los trabajadores.
DISCUSIÓN POR FAMILIA PELLAS
Antes de ser aprobada la Ley de Adición al Código del Trabajo (Ley No. 185), el diputado sandinista, Edwin Castro, tomo la palabra para expresar en el plenario que con la incorporación de la insuficiencia renal crónica como enfermedad de riesgo ocupacional, los cañeros del Ingenio San Antonio deberían demandar a la familia Pellas.
“Esta Ley de Adición que hoy (ayer) estamos aprobando, tenemos la seguridad absoluta en esta Asamblea Nacional que puede y debe ser utilizada por los trabajadores de Chinandega, los trabajadores de Chichigalpa, los trabajadores afectados del Ingenio San Antonio, para la demanda a los Pellas”, declaró.
Esas declaraciones provocaron la reacción del diputado liberal Donald Lacayo: “No soy ni abogado ni pariente ni amigo de los Pellas, pero si en este Parlamento estamos sentando esos precedentes, de decir que estamos haciendo leyes para ir a demandar a determinado grupo económico de este país, creo que mal hacemos en estar sentados aquí para hacer leyes para determinada persona, mi querido doctor Edwin Castro”.
“Quedemos claros de que esta Ley es para ayudarle a los cañeros, no es para demandar a los Pellas. No apoyo que las leyes tengan nombres y apellidos, porque en ningún Parlamento del mundo las leyes se hacen para castigar o para demandar a determinado grupo político, económico, social”, finalizó.
