Alejandro Serrano [email protected]
En contra de la propia naturaleza de las cosas, la crisis política nicaragüense es aguda y crónica. Estos dos términos, habitualmente excluyentes, se integran contra toda lógica en el quehacer político cotidiano y constituyen un eje transversal de la historia de nuestro país.
Esta crisis singular de nuestra idiosincrasia política, deriva de un círculo vicioso que se viene repitiendo con una constancia digna de mejor causa desde los años treinta del Siglo XX hasta nuestros días. Pacto, Constituyente (o reforma parcial de la Constitución sobre puntos estratégicos), reelección (o reafirmación del poder de los caudillos), repartición de los cargos en el Estado entre las fuerzas pactantes, conflicto, inestabilidad y crisis … y vuelta a empezar, pacto … etc. … es el recorrido invariable de esta rueda que no cesa de girar pero que no avanza del mismo lugar.
En la política nicaragüense siempre ha estado presente la ambición irrefrenable de poder, por encima de la idea de nación y de las instituciones jurídicas y políticas. Los caudillos y los hombres fuertes han llenado con sus ambiciones el vacío de un tejido jurídico consistente y de una cultura política moderna. Pero conviene recordar que los caudillos y caporales políticos, antes que en el escenario visible del poder han vivido y sobreviven en los deseos más recónditos y en la sicología más oscura de buena parte del alma nicaragüense.
En este mismo momento la crisis política que estamos atravesando tiene como causa, sin desconocer el tema de la corrupción, que le es inherente, el deseo de reelección de los líderes de los dos principales partidos del país, y el pacto de 1999 que originó la Reforma Constitucional del 2000, mediante el cual se dividieron y politizaron los poderes del Estado y las principales instituciones, a un extremo tal que su comportamiento, baste mencionar como ejemplo al Consejo Supremo Electoral, sujeto y destinatario de la más reciente confabulación política, ha causado estupefacción a la conciencia nacional.
Indudablemente la severidad del problema que es consecuencia de un estilo de hacer política que se viene repitiendo de forma casi invariable a lo largo y ancho de nuestra historia, requiere una transformación profunda de la cultura política.
Pero, no cabe duda que las transformaciones significativas se inician sobre hechos puntuales y concretos que además deben tener una incidencia relevante sobre la cultura política de la sociedad mediante un adecuado proceso de educación y participación ciudadanas. De inmediato, y sin perjuicio de que desde ahora se traten de sentar las bases de una transformación sustancial del sistema político, se requiere impulsar cambios específicos que nos ayuden a salir del atolladero en que nos encontramos. Entre éstos es imperativo establecer en la Constitución el principio absoluto de la no reelección, sea ésta sucesiva o alterna y cualquiera que sea la forma en que los aspirantes a ser reelegidos hayan llegado anteriormente al poder.
Otras medidas en las que hay que pensar cuanto antes, se refieren a la necesidad de establecer la elección uninominal de los diputados, la revisión de los salarios en el sector público, la revisión del sistema de pensiones para las más altas autoridades de los poderes del Estado, la revisión de la Ley Electoral, el sistema de nombramiento de los magistrados de la Corte Suprema de Justicia, la revisión de la composición del Consejo Supremo Electoral, adoptando como primera medida la abolición del carácter de representantes de los partidos políticos que tienen los magistrados de ese poder del Estado.
Algunos de estos cambios pueden empezarse en corto tiempo, otros, sin duda, exigen más tiempo; algunas de las transformaciones sugeridas requieren simples reformas legales, otras demandan reformas a la Constitución. Se trata, en todo caso, de un proceso serio, mesurado y profundo, con madurez política, discusión pública y participación ciudadana. Un ejercicio democrático que busque acuerdos, no para repartición de cuotas de poder, ni cambios para que todo siga igual, ni tácticas para detener la lucha contra la corrupción a cambio de ventajas políticas inmediatas o mediatas, sino de acuerdos estratégicos para modernizar el país, cambiar la cultura política y fortalecer las instituciones.
Mientras tanto, mientras se discuten y planifican los cambios a más corto plazo, habrá que pensar al mismo tiempo en la transformación profunda de la cultura política, en la identificación de los valores comunes que puedan unirnos por encima de lo que nos separa, en la definición de las prioridades estratégicas políticas, institucionales, económicas y sociales y en el impulso de una educación moderna y transformadora, que abarque y comprenda todos los espacios y todos los procesos de cambio. Definir con claridad cuál debe ser el eje integrador de este esfuerzo, el núcleo cultural que debe incorporar y dar sentido, intención y dirección a estas acciones, es parte del desafío de todos los nicaragüenses de buena voluntad.
El autor es analista político y filósofo, miembro del Consejo Editorial de LA PRENSA.
