El Presupuesto General de la República para el año 2003 incluye una partida de gastos de 3,076 millones de córdobas para pago de la deuda pública. De esos 3,076 millones, 1,467 serán para servir la deuda interna, y 1,609 para servicio de la deuda externa. Eso significa que un 22.6 por ciento del presupuesto total de gastos (que es de 13,575 millones) será consumido por el servicio de la deuda pública.
Como es sabido, la deuda externa de Nicaragua al final del gobierno sandinista en 1990, llegó a exceder los 12,000 millones de dólares, haciendo que Nicaragua ocupara el nada honroso primer lugar en cuanto a deuda externa per cápita en todo el mundo. Y lo peor del caso es que tan descomunal endeudamiento fue despilfarrado. Lejos de contribuir al crecimiento económico de país, sirvió, en gran parte, para enriquecer a los allegados al poder de ese entonces.
El gobierno que presidió doña Violeta Barrios de Chamorro entre 1990 y 1997, logró, por medio de condonaciones, reducir esa deuda a poco más de 6,000 millones de dólares. Desde entonces, sin embargo, no se ha reducido más, y la tan esperada anunciada condonación del 80 por ciento del saldo a través de la HIPC todavía no se materializa, y ya casi ni se habla de ello. Pareciera que nos hemos acostumbrado a vivir con esa pesada carga encima.
Pero además de esa obscena deuda externa, el país carga sobre sus espaldas otra deuda nada despreciable que, al igual que la anterior, no ha sido una deuda productiva. Se trata de la deuda interna que asciende a unos 1,690 millones de dólares. De ellos, cerca de la mitad corresponden a los BPI (Bonos de Pago por Indemnización), que tienen su origen en la “piñata sandinista” y sirven para indemnizar a los miles de nicaragüenses que fueron abusiva e injustificadamente afectados en su propiedad por el régimen que detentó el poder en los años ochenta.
Otra gran proporción de la deuda interna está constituida por las obligaciones que asumió el gobierno del ex presidente Arnoldo Alemán para respaldar los depósitos de los ahorristas como consecuencia de las quiebras bancarias fraudulentas. Si bien es cierto que quienes tenían depósitos fueron de esa manera protegidos, también es cierto que dicha protección se dio poniendo una gran carga sobre la población en general.
Ahora que ha llegado el momento de empezar a pagar la deuda pública (externa e interna) se escuchan gemidos y lamentos por todas partes, proviniendo algunos de los más amargos de aquellos que, precisamente, fueron quienes originaron esas deudas en primer lugar. Pero a estas alturas de nada vale lamentarse. Lo que se debe se debe y lo que corresponde es pagar. No obstante, hay quienes, en desprecio de lo que significa el deber de honrar una deuda, proponen que no se le pague a los acreedores de la misma.
En Nicaragua se enquistó la cultura del no pago en los años ochenta. A pesar de que desde entonces se ha venido haciendo un gran esfuerzo por reconstituir la honestidad pública y el concepto normal de lo que es un crédito, está costando mucho. A mucha gente no le gusta pagar lo que debe. Pero ninguna sociedad puede progresar si las obligaciones no son cumplidas.
Es fácil, pero cínico, decir que si no se le paga a los acreedores de la deuda, especialmente a los de la deuda interna, habría más dinero para financiar los gastos de Salud y Educación. No cabe duda de que lo presupuestado para esos rubros está muy por debajo de las necesidades reales, pero eso obedece, fundamentalmente, a que Nicaragua es un país pobre que, como tal, no puede cubrir todas sus necesidades.
Ninguna excusa debe ser buena para no pagar la deuda interna. Si el gobierno y los acreedores lograran ponerse de acuerdo en algún esquema de renegociación que sea aceptable para ambos, pues enhorabuena; pero también que las circunstancias del momento le sirvan a la ciudadanía para tener en cuenta que debe estar alerta cada vez que el gobierno vaya a contratar una nueva deuda, porque conviene no olvidar jamás que todo préstamo obtenido debe ser pagado, tarde o temprano.
