De todas las privatizaciones que ha habido en Nicaragua desde hace diez años, la más negativa o la que más problemas le ha causado a la población es la de distribución eléctrica, concedida a la empresa privada española Unión Fenosa.
La razón de la inconformidad popular es fácil de comprender: Desde que la mencionada empresa española se hizo cargo de la distribución eléctrica, las tarifas subieron de cien a ciento cincuenta por ciento. Y siguen subiendo, e impulsando hacia arriba las tarifas de los otros servicios, así como los costos de producción y distribución de todos los bienes y servicios que necesita adquirir la gente para satisfacer sus necesidades de diversa índole.
Pero la causa de que las privatizaciones, y en especial de la distribución de electricidad, resultaran hasta ahora perjudiciales para la población no radica en que la privatización sea perversa en sí misma, como quieren hacer creer los partidarios del anterior régimen estatista. En realidad, la privatización no sólo es necesaria para la modernización y el desarrollo de Nicaragua, sino también para el progreso y bienestar de todos los nicaragüenses.
Lo malo de las privatizaciones que se han hecho hasta ahora en Nicaragua, sobre todo durante el gobierno anterior, ha sido su forma amañada y el sentido mercantilista de buscar sólo el beneficio económico de los sujetos privatizadores. Esto es lo que ha desnaturalizado la privatización y ha hecho de las empresas privatizadas instrumentos de abuso contra la población, en vez de palanca de progreso y desarrollo como debería ser; y además ha causado grave daño a la única estrategia viable de modernización, crecimiento económico y progreso social, al desprestigiar el modelo de desarrollo por medio de la desregulación y la privatización.
Es obvio que para cumplir sus propósitos positivos las privatizaciones tienen que ser honestas y transparentes. Y los agentes privatizadores deben comprender que lo más importante no es el beneficio económico que obtenga el gobierno con la venta de la empresa o el servicio público, y mucho menos las comisiones o coimas para ellos, sino la garantía de que habrá competencia en la prestación privada del servicio así como la ampliación de su cobertura y fortalecimiento de su calidad.
En realidad, si lo que se pretende al vender la empresa pública es conseguir el mejor precio y cuantiosos beneficios para los vendedores, es lógico que éstos concedan al adquirente privilegios monopólicos y autorización legal de incrementos tarifarios. O sea que sustituyen un monopolio estatal —que en general es nido de corrupción— con un monopolio privado que viene a operar como un monstruo de voraz y despiadada explotación.
Para privatizar honestamente se debe tener un marco institucional y legal de estricta supervisión y control despolitizado, que permita evitar la tentación de corrupción y disuadir las presiones que ejercen los poderosos grupos de interés privado. Pero lamentablemente no ese el caso de Nicaragua, sino todo lo contrario. Ya las primeras privatizaciones en el gobierno de doña Violeta Barrios de Chamorro (por medio de la “Concertación Económica y Social” mejor conocida como la segunda piñata), fueron realmente una repartición de muchas empresas estatales entre gremios y antiguos funcionarios sandinistas. Y después, la privatización de empresas públicas como Enitel y Enel (en este caso, la parte distributiva de la energía eléctrica), se hizo bajo las condiciones del gobierno del ex presidente Arnoldo Alemán, considerado como uno de los más corruptos de todos los tiempos.
Por otro lado, no hay una efectiva regulación y supervisión institucional de los servicios privatizados, y por lo tanto no se protege a los consumidores contra los abusos y la rapacidad de las empresas privadas operadoras. Al respecto, el gobierno del presidente Enrique Bolaños tiene la obligación de dictar y aplicar medidas eficaces para corregir los abusos que la ciudadanía denuncia constantemente, los cuales perjudican al pueblo y frenan las posibilidades de progreso nacional. La verdad es que además de luchar contra la corrupción y acusar a Arnoldo Alemán y a sus cómplices, el gobierno debe proteger a los consumidores de los consorcios privados que suministran los servicios públicos y que operan con la misma codicia de los conquistadores de hace quinientos años.
