Tres diputados sandinistas presentaron esta semana una iniciativa de Ley de Regulación Salarial de la Administración Pública y Funcionarios del Estado, que “tiene por finalidad establecer disposiciones de reordenamiento salarial, de prohibiciones y limitaciones que permitan terminar con el derroche en concepto de aplicación de salarios ostentosos, viáticos y erogaciones en la administración pública y funcionarios del Estado”.
Sin duda que esta iniciativa tiene un interés político. Además, es razonable dudar de su sinceridad, si se considera que en 1979 el FSLN estableció la suma de un mil dólares como techo salarial en el Estado, pero los miembros de la nomenclatura se “complementaron” con apropiaciones de bienes del Estado y de los particulares (mansiones, vehículos, casas de descanso) y con toda clase de privilegios propios de la “nueva clase” que se formó en los Estados comunistas, revolucionarios y totalitarios en general.
Pero independientemente de quienes son políticamente los que presentan ahora la iniciativa de regular de forma legal los sueldos de los altos funcionarios públicos, así como para poner fin o al menos limitar los privilegios en asignaciones de vehículos, combustible, tarjetas de crédito, gastos de representación, etc., se trata de una propuesta sana y correcta que merece ser respaldada por la opinión pública nacional.
La verdad es que en los últimos gobiernos, pero particularmente en el de Arnoldo Alemán, los altos funcionarios públicos desbordaron su codicia y se asignaron remuneraciones y privilegios —legales y extralegales— como nunca antes en la historia nacional y como en pocos países de todo el mundo.
En el comienzo del gobierno de doña Violeta Barrios de Chamorro, los ministros devengaban unos 2,500 dólares mensuales, los viceministros 1,500 y los diputados 900. Entonces se inventó que esos funcionarios eran “de lujo”, que tenían incomparables calificaciones y que en la empresa privada podían ganar mucho más. De manera que al final de aquel gobierno los ministros terminaron ganando unos 6,000 dólares, los viceministros 4,500 y los diputados 3,000, más los complementos ordinarios para todos y las asignaciones extraordinarias para algunos funcionarios del Poder Ejecutivo que eran especialmente privilegiados.
Pero fue en el gobierno del ex presidente Alemán que los sueldos de los altos funcionarios públicos llegaron en algunos casos hasta 27 ó 30 mil dólares mensuales, en forma legal y extralegal, más muchos otros privilegios que hicieron de la función pública en el nivel superior el negocio más lucrativo que cabía imaginar.
Ahora Nicaragua tiene la oportunidad no sólo para que se erradique la corrupción institucionalizada y se mande a la cárcel a los corruptos —aunque sea un ex presidente de la República— sino también para adecentar las remuneraciones de los altos funcionarios públicos. Y ojalá que esta oportunidad no se pierda como se han desperdiciado tantas otras que tuvimos en el pasado para iniciar en Nicaragua una nueva y honesta forma de gobernar.
Según los proponentes de Ley para la Regulación Salarial en la Administración Pública, si ésta se aprobara el Estado se ahorraría anualmente unos 22 millones 264 mil 848 dólares (equivalentes a 322 millones 395 mil córdobas). No es mucho, comparado con el déficit presupuestario y la exorbitante suma destinada a abonar a las deudas interna y externa. Pero al mismo tiempo es bastante, si se considera la cantidad de medicamentos que se podría comprar con ese dinero, o las viviendas populares que se construirían, o el aumento de recursos para fortalecer la seguridad pública, el incremento de sueldo a los empleados públicos peor pagados, etc. Y también sería de un inmenso beneficio moral para el ejercicio gubernamental y un paso muy importante de la revolución de la honestidad proclamada por el Presidente Bolaños.
El actual Gobierno dio un paso muy importante al poner en blanco y negro el sueldo regular y el “estipendio” de los altos funcionarios de gobierno. Pero estos siguen siendo desproporcionados en relación con la capacidad económica del país y la ética del servicio público. Los funcionarios no deberían ganar más que los ejecutivos de la empresa privada, y ni siquiera tanto como éstos. Los gobernantes, que le exigen al pueblo ajustarse el cinturón de la austeridad, están obligados moralmente a ser austeros ellos mismos y predicar con el ejemplo.
