Alfonso Efraim Castellón Ayón*
Como representante de los confiscados de Nicaragua, asistí al Diálogo Nacional convocado por el entonces presidente de la República Dr. Arnoldo Alemán Lacayo, formando parte del grupo político, jurídico e institucional que analizaba los problemas sociales del país, buscando soluciones a base de acuerdos “vinculantes”. A veces nos reuníamos el Grupo Social y el Grupo Económico en el plenario para aprobación y discusión general de los acuerdos tomados separadamente por cada grupo.
En carta fechada 2 de octubre de 1997, el Presidente de la República se dirigió al Secretario de la Asamblea Nacional diciendo, que remitía la iniciativa de ley sobre la Propiedad Reformada Urbana y Agraria. “Estimo que los acuerdos del Diálogo Nacional deben ser tomados en cuenta para que la ley que al final se dicte responda a los intereses de la mayor parte de nuestra población”, decía al final. Los acuerdos que tomamos en el Grupo Social, fueron 28.
Terminaron el 24 de septiembre de 1997. Se constituyó una comisión que debería ser instancia de apoyo o de consulta de la Comisión de la Asamblea Nacional de la Propiedad. Los confiscados serían tomados en cuenta y no solamente los piñateros.
Tremenda sorpresa nos llevamos la Asociación de Confiscados, cuando la Comisión de la Propiedad en la Asamblea Nacional, de los 28 “Acuerdos Vinculantes” sólo consideró la mitad de uno.
Esto forma parte de la Ley 278 o Ley de la Propiedad Urbana y Rural. ¿Qué había pasado, entonces? Eso nos preguntamos las diferentes asociaciones que formamos ese grupo social. Lo que pasó fue lo siguiente: el entonces procurador general de Justicia con el Dr. Joaquín Cuadra Chamorro (q.e.p.d.), negociaban. Por parte del gobierno: el intendente de la Propiedad con el Procurador, y por parte del Frente: el Dr. Chamorro y sus abogados, preparaban la ley en contubernio pactista.
Mientras en el Diálogo Nacional nos quebrábamos la cabeza e invertíamos 132 horas para buscar una ley de la propiedad más o menos justa; el Presidente de la República había girado sus instrucciones, comenzando el famoso pacto, para garantizar y ponerle sello al robo más grande que ha habido en nuestra historia: La Piñata Sandinista. Cuánto daño han causado al desarrollo económico de Nicaragua. En misa negra (ya que dijeron que si los confiscados estaban presentes en esa Comisión no había ley), se produjo la Ley 278. Decepcionando al Dr. Roberto Calderón, coordinador general del Diálogo, así como a los participantes que habíamos creído una vez más en las promesas del Dr. Arnoldo Alemán Lacayo. ¡Qué grave error! Dejarse engañar como bobos, por un político inescrupuloso.
Ahora está convocando a un Diálogo Nacional. No sabemos con qué intenciones. ¿Con las instituciones principales del Estado, politizadas por el condenado pacto? Primero hay que dilucidar jurídicamente si hay o no delitos de defraudación, peculado, lavado de dinero y asociación ilícita para delinquir, conforme acusa la Procuraduría.
Si el FSLN quiere dialogar con el gobierno, como parece, adelante señores. Pero eso sí, que sepan escuchar a los participantes. Ya que sobre anticorrupción, no es el Frente el mejor abanderado. Porque de una cosa pueden estar seguros: la justicia espera por ellos.
Dios no permita que el Ing. Enrique Bolaños caiga en la trampa del diálogo nacional. La sociedad civil, deberá estar alerta y oponerse a esta nueva “cortina de humo”.
¿Para qué dialogar con personas que no cumplen sus promesas, y se amparan en inmunidades evadiendo juicios de responsabilidad penal?
* El autor es Secretario Asociación de Confiscados de Nicaragua.
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