Sin dudas que Daniel Ortega tiene mucha capacidad de convocatoria entre los diversos estamentos políticos, sociales y religiosos de Nicaragua. Al menos eso es lo que se puede deducir de la inmediata respuesta positiva que obtuvo a su propuesta de celebrar un nuevo “diálogo nacional”.
Esa misma propuesta hizo el ex presidente Arnoldo Alemán el 11 de julio de este año, pero nadie le hizo caso, a excepción del cardenal Miguel Obando. En cambio, ahora prácticamente todos los sectores políticos, salvo el Partido Conservador, han acogido con entusiasmo la iniciativa del jefe sandinista.
Es obvio que esta propuesta de Daniel Ortega está amarrada con Arnoldo Alemán. Y que pretenden repetir en los otros poderes estatales la componenda que hicieron el viernes 4 de octubre en el Consejo Supremo Electoral; es decir, repartirse las cinco magistraturas de la Corte Suprema de Justicia que están vacantes, repartirse la Junta Directiva de la Asamblea Nacional que se elegirá en enero próximo, aprobar a la medida de sus conveniencias el Presupuesto General de la República del año entrante, e imponer al Gobierno sus condiciones para los acuerdos con el FMI. En realidad, Ortega pretende gobernar el país desde la Asamblea Nacional, y cree que para lograrlo debe ayudarle a Alemán a encontrar una salida al grave predicamento en que se encuentra por los juicios contra la corrupción.
Ortega y Alemán saben que es difícil que alguien rechace el diálogo, pues quedaría como enemigo de la gobernabilidad y la convivencia pacífica. Al fin y al cabo, el diálogo y el acuerdo son mecanismos fundamentales para el buen funcionamiento de la democracia.
Pero nadie que esté en su sano juicio puede creer que a Ortega lo motiva un propósito sano. Todos los “diálogos”, pactos y concertaciones que impuso el FSLN desde 1990 han sido nefastos para la nación, aunque muy provechosos para el partido sandinista. En 1990, al perder las elecciones de febrero, el FSLN amenazó con desconocer los resultados de los comicios y provocar un baño de sangre. Y entonces los interventores políticos extranjeros —encabezados por el ex presidente estadounidense Jimmy Carter— obligaron al gobierno democrático, que aún no se había instalado, a suscribir un “protocolo de transición” para proteger las “conquistas de la revolución”, pero que sirvió al FSLN para perpetrar el más grande y espectacular despojo de bienes públicos y propiedades ajenas de toda la historia nacional, o sea, la “piñata sandinista”.
Después, mediante asonadas y amenazas de derrocar al naciente régimen democrático, el FSLN perpetró una segunda piñata: la llamada “concertación económica y social”, mediante la cual empresarios y dirigentes gremiales sandinistas se apropiaron de muchas empresas del sector público (Cornap) que todavía eran productivas y rentables.
Ya en el gobierno de Arnoldo Alemán, Daniel Ortega y el FSLN no tuvieron necesidad de hacer asonadas. Les bastó con aprovecharse de la lujuria de poder y la codicia económica de Alemán, para negociar exitosamente la repartición del botín del Estado, partidizar las instituciones democráticas, facilitar a Ortega que gane las elecciones al reducir a 35 por ciento el voto popular necesario, y obsequiar una diputación a Alemán quien pretendía usarla para seguir gobernando el país desde la presidencia de la Asamblea Nacional.
Pero la lucha contra la corrupción del presidente Bolaños arruinó los planes de Alemán, y ahora son los “liberales” los que amenazan con derrocar al Gobierno si no acepta el nuevo diálogo nacional y pacto. “Vamos a estremecer a todo el país”, “que Dios lo acompañe” (a Bolaños, si no acepta el nuevo diálogo nacional y pacto) amenazaron el vocero y el secretario del PLC arnoldista.
Pero el presidente Bolaños no se debe amedrentar por esas amenazas ni caer en la trampa del “diálogo nacional”. Bolaños no está solo ni débil. Tiene el respaldo de la mayoría de los nicaragüenses que repudian la corrupción y a los corruptos. Y cuenta con el apoyo de la comunidad internacional precisamente para que no abandone la lucha contra la corrupción, que es indispensable para restablecer la institucionalidad y atraer las inversiones extranjeras que tanto necesita el país para salir del atraso y la pobreza, e insertarse honrosamente en los tratados de libre comercio y el proceso de globalización.
