La Asamblea Nacional aprobó a fines de julio pasado una sustancial reducción al presupuesto de este año del Poder Ejecutivo —sólo a la Presidencia de la República le quitó 295 millones de córdobas, de los 440 millones que le habían sido aprobados para este año—, obligando al gobierno central a disminuir drásticamente los gastos de toda clase, incluyendo el rubro de sueldos.
Sin embargo, los dirigentes sindicalistas que son al mismo tiempo diputados —y quienes incrementaron su propio presupuesto en julio pasado a expensas del recorte que le hicieron al Poder Ejecutivo—, ahora se oponen a que haya despidos en las dependencias gubernamentales y amenazan con ejercer represalias contra el gobierno y provocar desórdenes sociales, en el caso de que los hubiese como inevitablemente tiene que haberlos.
La irresponsabilidad de estos diputados no tiene límites. Primero recortaron el presupuesto del Ejecutivo para obligarlo a despedir a centenares de empleados públicos y para empeorar la penosa situación socioeconómica que sufre el país (los arnoldistas lo hacen para vengarse del presidente Enrique Bolaños por su lucha contra la corrupción, y por lo tanto contra Arnoldo Alemán; y los sandinistas para poner al Gobierno en graves aprietos sociales y sacar dividendos políticos de la crisis con vistas a las próximas elecciones municipales y nacionales); y luego se escandalizan y amenazan con provocar el caos social por los despidos inevitables que ellos mismos han provocado.
En el caso de la Dirección General de Impuestos (DGI) —que como se sabe es una institución clave para el funcionamiento del Estado porque es la que recauda los impuestos con que se pagan los sueldos a los empleados públicos de todos los niveles y se financian los diversos programas sociales del Gobierno—, según informó el Director de Ingresos en LA PRENSA de ayer, la situación es particularmente grave, pues le quitaron un 30 por ciento de los 150 millones que le habían aprobado para todo el año 2002, y de los cuales ya ejecutó un 70%. De manera que a estas alturas la DGI no tiene fondos para cubrir sus necesidades en lo que resta del año, incluyendo los sueldos y beneficios sociales de sus empleados.
Por otro lado, en la Dirección General de Ingresos (DGI), igual que en todos los poderes y dependencias del Estado, durante el Gobierno anterior se aumentó el número de empleados en forma desmesurada e innecesaria. De modo que los empleados de la DGI que durante el gobierno de doña Violeta Barrios de Chamorro eran 850, ahora son más de 1,300, debido a la colocación de partidarios de Arnoldo Alemán y Byron Jerez en la planilla estatal, para que vivieran a expensas de los contribuyentes, por supuesto sin que eso significara aumento de la eficiencia laboral ni de las recaudaciones.
Sin embargo, los diputados que recortaron el presupuesto del Ejecutivo para obligarlo a despedir empleados, y los sindicalistas que representan a los supernumerarios enquistados en el sector público, amenazan con tomarse las instalaciones la DGI, sabotear las recaudaciones y provocar disturbios públicos en el caso de que ocurran los despidos que, debemos repetirlo, son inevitables por culpa de sus propios líderes políticos y diputados.
Y el colmo de esta absurda situación es que una de las principales dirigentes sindicalistas de la DGI que amenazan con impedir por medio de la fuerza que se hagan las recaudaciones, es al mismo tiempo concejala en la Alcaldía de Managua, “trabajo” por el que recibe una jugosa remuneración pagada de los impuestos de los contribuyentes capitalinos.
La situación es tan delicada, que las autoridades de la DGI están considerando la posibilidad de cerrar sus instalaciones —lo que disminuiría considerablemente las recaudaciones— antes de que los revoltosos se la tomen. Pero no es esa la salida. Lo que deben hacer, en vez de dejarse intimidar, es explicar a los trabajadores la verdadera causa de los despidos, pero al mismo tiempo echar sin contemplaciones a los supernumerarios que son agentes de Alemán y Jerez.
Y volvemos a lo mismo: Hay que sacar a Alemán de la Asamblea Nacional antes de que empeore la situación, lo que ocurriría cuando se presente, discuta y apruebe el Presupuesto General de la República para el próximo año.
