Sergio J. Cuarezma Terá[email protected]
Todavía hay características de los gobiernos del pasado que no han desaparecido, aunque no existen ya las dictaduras ni los gobiernos militares se advierte una peligrosa tendencia a la exclusión de las personas en la actividad pública. Las personas tienen muy poca injerencia en los asuntos públicos, como si luego de elegir hubieran delegado a los funcionarios públicos sus derechos políticos, al tiempo en que delegaron la conducción de los asuntos públicos, lo que hace que las grandes mayorías queden de nuevo «excluidas de la esfera del poder y de los espacios de tomas de decisiones», contrario a la idea de participación democrática. Es necesario fortalecer la descentralización y distribución del poder, para que la sociedad civil tenga una mayor presencia y participación en la configuración de la comunidad.
La participación de la sociedad civil organizada juega un rol estratégico y fundamental en el proceso de transformación del Estado, en la creación, promoción y gestión de las políticas públicas y el diseño del sistema de vida político, ya que a través de ella se analiza el interés en la construcción de una sociedad democrática y la reconstrucción del Estado para promover y mejorar la participación de la misma, es decir la gestión en los intereses colectivos desde el marco de la ciudadanía. La participación de la sociedad civil en el ámbito público permitiría con la administración pública a identificar y encontrar caminos de resolución de los problemas y crisis que surgen en momentos determinados.
La atención y/o energías de las instituciones democráticas deben, pues, de centrarse responsable y estratégicamente en promover el aseguramiento de las condiciones básicas de vida para la mujer y el hombre (seguridad humana), la erradicación de la pobreza, fortalecer el desarrollo participativo,“propiciar la creación de espacios de democratización”, el reconocimiento y tutela de los derechos fundamentales de las personas y los principios del Estado de Derecho. Los esfuerzos dirigidos hacia la creación y fortalecimiento de las condiciones para el respeto de estos principios significan el cimiento para lograr un desarrollo integral en el país, ya que estos permitirían ofrecer condiciones para la gobernabilidad y la estabilidad en el proceso democrático que la Nación intenta construir. Y, en aspectos concretos, igualmente implica generar la confianza para la inversión privada como sujeto importante en el fortalecimiento económico del país. También la promoción del Estado de Derecho permite a los sectores menos favorecidos o vulnerables la reivindicación de sus derechos y libertades con la promoción de la seguridad jurídica, producto de la garantía de la independencia de la justicia y la no concentración del poder.
Por tanto, las instituciones democráticas y la sociedad deben aunar esfuerzos y concentrar su energía para fortalecer y profundizar el proceso de construcción o transformación del Estado de Derecho, la descentralización de la Administración pública, la distribución del poder, la participación ciudadana y los espacios para el diálogo “democrático incluyente”.
Así, la gobernabilidad aparece como el resultado de procesos que suponen institucionalizar un Estado de Derecho, promover la descentralización y el diálogo democrático incluyente. La relación coherente, continua y consistente entre estas dimensiones, sin duda, generarán condiciones de gobernabilidad. Por el contrario la incoherencia y la inconsistencia de estos procesos y su relación no permitirían, o a lo sumo harían traumática, la gobernabilidad.
El autor es catedrático de Derecho Penal y Criminología.
