El recurrente y fastidioso problema del transporte colectivo de pasajeros no se ha podido resolver hasta ahora, no porque sea imposible solucionarlo sino porque las partes involucradas e interesadas no han querido hacerlo, o no han hecho los esfuerzos suficientes para lograrlo.
Sin dudas que éste es un problema complejo, como todos los que agobian a la nación. Pero esto no significa que no se pueda resolver, ni que se tenga que obligar a la ciudadanía a soportar las perennes amenazas de los transportistas y el desgaste de los paros y “tranques” a los que aquellos apelan cada vez que quieren imponer sus condiciones e intereses.
Lo que pasa es que siempre que se plantea el problema del transporte y estallan los conflictos como consecuencia de la exigencia de los transportistas de que se aumente el precio de los pasajes o que le quiten o reduzcan los impuestos al combustible y sus derivados, el enfoque que se da a las posibles soluciones sólo toma en cuenta los intereses de los mismos transportistas, así como los del Gobierno, central o municipal. En tanto que los usuarios, cuando tienen la oportunidad de expresarse se oponen a cualquier aumento de los pasajes, por supuesto.
Pero la mejor manera de no resolver el problema del transporte es tratar de hacerlo en función sólo de las conveniencias de una de las partes.
En realidad, es comprensible que los transportistas quieran mejorar sus ganancias, sea mediante el aumento de las tarifas a los usuarios o la disminución de los impuestos. Quien se mete a un negocio lo hace con el fin de obtener ganancias, y entre más mejor. Y el negocio del transporte no tiene por qué ser la excepción.
Pero, por su parte, el Gobierno también tiene razón en no querer reducir los impuestos a los combustibles, y mucho menos suprimirlos, porque éstos constituyen la principal fuente de ingresos del fisco, y además, porque si los suprime o disminuye se descalabraría la política presupuestaria del Estado y las consecuencias serían peores para toda la nación.
Y en lo que respecta a los usuarios, éstos no quieren aumento en las tarifas porque sus salarios permanecen congelados, o, peor aún, disminuyen constantemente por el deslizamiento monetario, pero también porque a nadie le gusta pagar más por los bienes y servicios que adquiere y recibe, incluyendo el transporte.
De manera que lo que se debería hacer es procurar una solución integral al problema del transporte, en el sentido de que ninguno de los actores saque ventaja a expensas del otro y que todos queden básicamente satisfechos con una distribución compartida de los costos y beneficios de lo que se acuerde.
En este orden, es importante considerar la propuesta de que se libere el transporte, es decir, que se permita el ingreso al negocio de empresarios privados con mentalidad moderna y capital suficiente para invertir en el mejoramiento del servicio. Pero como esto significaría inevitablemente el aumento de las tarifas (porque de otra manera la inversión de capital no sería rentable), entonces habría que ofrecerle a los usuarios un servicio diferenciado de calidad y precio del transporte. O sea, que quienes quieran y puedan pagar más por transportarse en unidades modernas, rápidas y cómodas, que se les dé la oportunidad de hacerlo, y que quienes prefieran seguir usando las unidades tradicionales con el pasaje de dos córdobas, que también puedan seguir haciéndolo.
Ésta no sería una solución definitiva del problema del transporte, pero podría ayudar mucho a resolverlo exitosamente, tal como ha ocurrido en otros países donde transportistas, usuarios y gobernantes tienen una mentalidad más realista, sensata y progresista. Sin embargo, aquí se rechaza y descalifica la posibilidad de establecer el servicio diferenciado de transporte, porque “representantes” de los usuarios alegan que eso sería “discriminar” a quienes quedaren usando el transporte de dos córdobas.
Pero la verdad es que este problema no se puede resolver sólo en base a las conveniencias y los intereses de los transportistas, ni de los usuarios, ni de las autoridades del gobierno central y municipal. Tiene que ser mediante acuerdos en los que cada quien ceda algo de sus particulares intereses y todos queden satisfechos, aunque sea parcialmente.
