Freddy Potoy [email protected]
La Contraloría General de la República y la Procuraduría General de la República, tienen otro reto: investigar los actos de corrupción en las empresas Concretosa y Concrenicsa, cuyos socios, entre otros, eran Arnoldo Alemán Lacayo y Byron Jerez Solís, quienes pretendían quedarse con unos 25 millones de dólares mediante una posible venta de 41 millones de adoquines que financiaría el Banco Mundial.
Sin embargo, es preocupante que el procurador en funciones, Francisco Fiallos, tenga dos semanas prometiendo destapar casos de corrupción para lavarse la cara por la destitución del ex procurador Alberto Novoa y hasta el momento no ha presentado nada.
Ojalá que el caso del que tanto ha hablado Fiallos sea superior a los millones de córdobas que obtuvieron las empresas Concretosa y Concrenicsa, mediante el jugoso contrato que amarraron con el Ministerio de Transporte e Infraestructura (MTI), en tiempos de Alemán.
Esperemos que el caso que ha anunciado Fiallos sea más importante que el asunto de los adoquines, donde Alemán y compañía querían “llevarse a uno de leva”: el Banco Mundial.
Otro caso que dio a conocer LA PRENSA en su edición del lunes pasado, es lo que ocurrió durante la administración del ex director general de Aduanas, Marco Aurelio Sánchez. Su colega, el diputado Pedro Joaquín Ríos, lo denunció ante Alemán, de defraudar a la Aduana. El subprocurador Fiallos y el Fiscal General de la República deberían iniciar una investigación sobre este otro caso. No esperen que LA PRENSA les dé las pruebas; es obligación de estas instituciones buscarlas.
Sin embargo, hay algo preocupante. Es lamentable que el día lunes cuando LA PRENSA le preguntó a Fiallos que si investigaría el “adoquinazo de Alemán”, tranquilamente dijo que no había leído el periódico. Esto me hace suponer dos cosas: O no quiere investigar el caso o sencillamente es un funcionario desinformado y como tal, no debería estar en ese cargo. Y que no venga con la justificación que está dirigiendo otras investigaciones, eso no es excusa.
La otra preocupación es que en la Contraloría General de la República se estén perdiendo expedientes de casos importantes en materia de corrupción estatal. Esto indica que puede haber deliberadamente intenciones de querer entorpecer las investigaciones de situaciones que pueden desembocar en juicios penales contra ex funcionarios corruptos.
Esto debe alertar a los organismos internacionales y a los países donantes que quieren fortalecer económicamente a la Contraloría y a la Procuraduría en su lucha contra la corrupción. No se puede ayudar a instituciones que tienen funcionarios ineficientes.
Sólo en este país se pierden documentos importantes y los responsables de la custodia de esos materiales no van a la cárcel. Por ejemplo, la Corte Suprema de Justicia se ha quedado callada con la pérdida del expediente del checazo en el Juzgado Segundo de Distrito del Crimen de Managua.
Parece ahora que la nueva modalidad de encubrir a los corruptos es dando por perdidos los expedientes o ignorando las denuncias que siguen planteando los medios de comunicación. Eso también es corrupción.
