Manuel F. Ayau CordónAIPE
CIUDAD DE GUATEMALA.— Sin garantía del derecho de propiedad los pueblos permanecen pobres y por eso el problema de los campesinos desposeídos es tan complejo. En Guatemala hay cientos de miles de personas que viven en la extrema pobreza y por ello algunos ven con tolerancia que estos campesinos en su desesperación tomen por la fuerza tierras que no les pertenecen. Lo trágico es que si los gobiernos no lo evitan y no garantizan a los propietarios sus derechos, el futuro de los pobres será aún peor.
Triste y lamentable también es que sí hay solución, pero las tres medidas de mayor impacto inmediato y a largo plazo no se pueden adoptar. ¿Cuáles son éstas medidas? ¿Cuál es la solución de la pobreza? ¿Qué impide su solución?
No es solución repartir tierra privada, primero porque injustamente se viola un principio del cual depende el progreso mismo y, segundo, porque con una parcela de tierra el campesino está condenado a una vida de mera subsistencia, ya que cada vez se necesitan menos campesinos para surtir a la sociedad de sus productos. Es decir que si se busca solucionar el problema del campesino con tierra, su presente es malo y su futuro peor. El campesino solamente prosperará cuando en su vecindario surjan empresas compitiendo por sus servicios. No hay otra solución.
Ahora bien, ¿por qué surgen empresas? Obviamente sólo para obtener ganancias. Entonces, ¿no es obvio que resulta cruel para los campesinos que tengamos un impuesto de 31 por ciento a las ganancias de las empresas? Esa diabólica medida universalmente promovida por los socialistas ha sido vendida como si fuese para que los ricos paguen más impuestos en beneficio de los pobres, para redistribuir la riqueza mediante transferencias, para disminuir diferencias. Pero el efecto es mantener pobres a los pobres. Si los pobres estuviesen bien asesorados manifestarían para eliminar ese Impuesto Sobre la Renta, pues no hay derecho a desalentar con un alto impuesto la instalación de más empresas que representan su único futuro.
Entonces, como las empresas se establecen y subsisten sólo cuando pueden competir, hay que eliminar las medidas gubernamentales que reducen su competitividad. Pero cuando se protege a ciertas empresas industriales y agrícolas que no son competitivas, con el objeto de que puedan vender más caro y convertirlas así en artificialmente rentables por ley, se reduce el mercado interno a todas las demás actividades productivas. También se encarecen así los abastecimientos de los demás productores que usan insumos protegidos por aranceles, que los convierten en más caros o de menor calidad. Y lo que es peor, el hecho en sí de tener aduanas es un sistema encarecedor de insumos que merma la competitividad de todas las empresas, pues los competidores en otras partes del mundo operan con menos capital, menos inventario en bodegas y menos gastos burocráticos inútiles. Además, como si todo esto fuese poco, los impuestos de importación disminuyen el precio del dólar de los exportadores.
¿De qué viviría el gobierno sin aranceles y cobrando menos impuestos? Momentáneamente mermaría el ingreso fiscal, pero ese déficit temporal se podría cubrir con créditos o impuestos temporales que vayan decreciendo a medida que los crecientes ingresos fiscales del IVA vayan llenando el vacío. Pronto el IVA superaría con creces el ingreso fiscal perdido por la eliminación de las aduanas.
Y, por último, hay que eliminar los estorbos a la movilidad laboral del Código de Trabajo, que es uno de los impedimentos más efectivos—muchísimo más que la falta de capacitación— contra el alza de salarios y la creación de empleos, como lo están reconociendo cada vez más en Europa. No olvidemos que los salarios solamente pueden subir cuando aumenta la productividad, principalmente como consecuencia de mayor inversión de capital.
El autor es ingeniero y empresario guatemalteco, fundador de la Universidad Francisco Marroquín, fue presidente de la Sociedad Mont Pelerin.
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