Eduardo Enrí[email protected]
Sinceramente, no entiendo la lógica de querer condicionar la elección del suplente de Martín Aguado como Superintendente de Pensiones, a la destitución del vicesuperintendente Cairo Amador. ¿Qué tienen que ver el uno con el otro?
No pretendo que ésta sea una columna en defensa del señor Cairo Amador y su puesto, sino que quiero ir, más bien, a las motivaciones de los diputados que están proponiendo arrancarle la cabeza a él sólo porque Aguado es un funcionario cuestionado, que fue mal electo e impuesto por capricho o conveniencia y que nos estaba perjudicando a todos.
Veamos cómo resultaron electos estos dos señores para quedar claros en las diferencias. Martín Aguado, que viene siendo cuestionado desde sus tiempos de Gerente General del Banco Mercantil, tuvo una controversial presidencia en el Instituto Nicaragüense de Seguridad Social. Es cierto, fue bajo su administración que se preparó el terreno para el nuevo sistema de ahorro de pensiones, pero la ley, que como todo lo que importa aquí, vino dictada por los que ponen la plata, establecía claramente, y con razón, que los funcionarios públicos que no hubieren renunciado seis meses antes a sus cargos no podrían ser candidatos a encabezar la Superintendencia.
Pero eso no fue obstáculo para Aguado, ya que Arnoldo Alemán, que tenía un inexplicable interés porque fuera precisamente Aguado el superintendente, ordenó a sus diputados reformar la ley para acomodarla a las características de su amigo, aun desoyendo las súplicas del entonces candidato, Enrique Bolaños.
El resultado no se hizo esperar, y el Banco Interamericano de Desarrollo congeló un préstamo de 30 millones de dólares para la seguridad social en Nicaragua, lo que importó un bledo a Alemán, Aguado y los diputados liberales de esta legislatura y de la anterior.
No fue sino hasta que Aguado vio las cosas color de hormiga, y pensó que ni siquiera la inmunidad le garantizaba paz mental, que decidió huir del país —sin estar siendo procesado en ningún juzgado— y enviar su renuncia por fax. Ese es el caso Aguado.
Amador, por otra parte, no era funcionario público, no necesitó la reforma para ser electo, y se presentó en una elección y terna separada, apoyada por el Cosep. Entiendo que está trabajando en su puesto desde el primer día, y hasta el momento no tiene cuestionamientos que pongan en duda su desempeño y capacidad, ¿por qué hay que destituirlo?
La única razón que veo es que los diputados liberales (y su apéndice, Camino Cristiano) necesitan los dos puestos para poder negociar, para tener algo que ofrecer a los sandinistas y dejar al candidato del Ejecutivo por fuera.
Con la Superintendencia y Vicesuperintendencia disponibles, Alemán puede ofrecer lo mismo que ofreció a los sandinistas en la Corte, la Contraloría, el Consejo Electoral y la Fiscalía: “uno vos, uno yo”. Nada sería más perjudicial que después de todo lo que ha pasado con el sistema de Pensiones, termine siendo otro apéndice del pacto.
Y este caso es particularmente peligroso. Estamos hablando de la institución que supervisará a las empresas que manejarán nuestros escuálidos ahorros para la vejez. Esa institución debe ser profesional y seria. No puede repetirse la historia del INSS.
