Sergio Cuarezma
WASHIGTON, DC.– Nadie duda que la corrupción amenaza los intereses fundamentales de nuestra nación, deteriora los valores democráticos y representa, como en efecto el país lo vive intensamente, un desafío para la estabilidad del proceso democrático, el desarrollo económico y social.
Para la opinión pública nicaragüense, la lucha contra la corrupción constituye uno de los aspectos más relevantes que integra uno de los puntos prioritarios en la agenda institucional, jurídica y política del país, con otros puntos como la pobreza, el desempleo y la seguridad ciudadana. De este proceso se advierten tomas de decisiones políticas y jurisdiccionales que en la lucha contra la corrupción esté adoptando Nicaragua.
En esta línea de pensamiento, el primer paso fue dado por la Procuraduría General de la República. El Ministerio Público progresivamente está sumando sus esfuerzos. Es deseo de la opinión pública nicaragüense que la discusión política (y no jurídica) de si la Procuraduría tiene o no la facultad de acusar en actos de corrupción, y si requiere para ello el previo dictamen de la Contraloría General de la República. En este supuesto, la Procuraduría, hemos dicho en repetidas ocasiones, tiene la facultad indiscutible de ejercer la acción penal en contra de aquellos hechos que comprometan los intereses de la Administración estatal. Y, respecto al segundo punto, es indiferente que el dictamen de la Contraloría esté o no a tiempo, porque el mismo es un medio de prueba más para integrar al proceso. Lo importante, en todo caso, es que cada una de dichas instituciones mantenga viva su voluntad y compromiso de continuar luchando contra la corrupción, y no retornen al letargo a que nos tenían acostumbrados. La Contraloría debería ser más ágil.
Este compromiso de combatir este tema, transciende las fronteras. Ejemplo de ello es la Convención Interamericana Contra la Corrupción, suscrita el 29 de marzo de 1996, en Caracas, Venezuela. Esta experiencia se trata de globalizar, hay esfuerzos encaminados para alcanzar un acuerdo en la creación de una Convención contra la Corrupción en el ámbito de las Naciones Unidas. En este momento, en Washington, DC., está reunido el Comité de Expertos para la creación de mecanismos de seguimiento en la implementación de la Convención Interamericana contra la Corrupción.
No hay punto de retorno. No sólo a nivel nacional, sino a nivel internacional, el tema de la corrupción ocupa un sitio privilegiado en las agendas para su combate y posible erradicación. Esto implica que tarde o temprano el país tendrá que afinar sus instituciones y normativa interna para prevenir y reprimir aquellos actos que lesionen o pongan en peligro el patrimonio de la Administración pública del Estado de Nicaragua. Todo intento por retardar este proceso es inútil, más temprano que tarde, llegará la hora. Es importante, por tanto, que en el marco de este esfuerzo se apruebe pronto por la Asamblea Nacional, el veto presidencial de la Ley que reforma al Código Penal, con la finalidad de que entren en vigencia, pronto, delitos que tutelan de forma marco el patrimonio de la administración pública, como el tráfico de influencias y el enriquecimiento ilícito.
También, todo intento de reformas a las instituciones, como la Contraloría, debe ir dirigido a robustecer y renovar a las mismas, y evitar castrarlas y el efecto canibalismo entre ellas, una invadiendo a otra. Todo un desafío de Nación, que necesita de la suma de sus mejores inteligencias y energías.
El autor es Catedrático de Derecho Penal y Criminología>
