María A. [email protected]
La actual lucha contra la corrupción nos debe hacer reflexionar a todos los ciudadanos sobre la necesidad de creer y confiar en la justicia, pero una justicia entendida como uno de los valores supremos al cual no se debe renunciar, al constituir éste un punto de referencia inexcusable para el reconocimiento efectivo de los derechos fundamentales de todos los nicaragüenses, ya que la única forma de que los ciudadanos nos identifiquemos —consciente y reflexivamente— con nuestras instituciones es a través de una oportuna comprobación de que éstas actúan con apego y obediencia a la ley. Cuando esto no sucede la confianza en la justicia se desvanece, y la solidaridad, el espíritu cívico, el esfuerzo común que los nicaragüenses estamos realizando para erradicar los actos de corrupción en la administración pública corren el riesgo de traducirse en una amarga devaluación de los derechos de los demás, y, por supuesto, de los nuestros.
Al respecto, cabe resaltar el papel insustituible de los jueces en la aplicación y defensa del orden constitucional de valores que presiden la interpretación de todo el ordenamiento jurídico al momento de administrar justicia. El juez, hay que decirlo una vez más, está sometido a la ley y a la Constitución como expresión legítima de la voluntad popular, por lo tanto, su energía y voluntad deben estar dirigidas a cumplir su compromiso con los ciudadanos y a hacer efectivas las normas democráticamente aprobadas, interpretando su alcance y contenido siempre en el marco constitucional en beneficio de sus conciudadanos, y abstenerse de dar publicidad a sus opiniones personales sobre hechos y circunstancias que no tienen nada que ver con el estricto ejercicio de la función jurisdiccional, ya que la pérdida de estos esenciales puntos de referencia, en lo que al ejercicio de la función judicial se refiere, puede afectar negativamente a todo el sistema jurídico.
Así pues, escuchemos las crecientes muestras, espontáneas y cada vez más numerosas, de los ciudadanos que reivindicamos el respeto a la ley como única arma que legitima el castigo de la corrupción y la convivencia democrática, ya que éstas constituyen una invitación seria y enérgica a todas las instancias políticas, administrativas y judiciales para que cada una —en el ámbito de su competencia— den muestra de su fortaleza y coherencia en defensa del Estado de Derecho. La propuesta es clara, hay que luchar contra la corrupción, pero en esta lucha la justicia independiente y eficaz debe ser la única protagonista, de esta manera contribuiremos a la consolidación del Estado de Derecho que tanto anhelamos los nicaragüenses.
La autora es catedrática de derecho penal en la UCA.
