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Los bienes son para remediar los males,” dice un refrán popular mexicano. A la hora de pagar deudas que se vencen, o para salir de apuros, a veces toca vender un mueble, el reloj, una pulsera o cualquier activo con tal de enfrentar la jarana. Ésta es sabiduría popular que todos comprendemos y muchos hemos tenido que aplicar alguna vez en nuestras vidas.
Nicaragua tiene hoy males que debemos remediar. Sufrimos de grandes carencias sociales en las áreas de salud, nutrición infantil y educación en todo el país, y fundamentalmente en las zonas de alta pobreza cuya atención debe ser priorizada como parte del gran proyecto nacional que todos queremos.
A la par, tenemos una impresionante deuda interna que durante los cinco años del gobierno de Arnoldo Alemán pasó a ser más asfixiante que la histórica deuda externa en términos del dinero que mes a mes se tendrá que gastar en pagar esas obligaciones financieras, en lugar de destinarlo a medicinas, maestros y alimentos.
El país tiene pocos recursos. Sin embargo, por fortuna para todos, Nicaragua tendrá pronto importantes bienes que deberán servir para remediar estos males. El Estado contará ahora con los bienes que deberá recuperar de manos de todos aquellos altos funcionarios que resulten fulminados en los Juzgados y Tribunales como culpables de lo que en sencillo español llamamos corrupción, es decir, de los delitos de fraude, malversación de caudales públicos, y peculado.
Las cantidades que hasta ahora se mencionan en los diarios del país son verdaderamente monstruosas, y todos sabemos que eso es sólo una pequeña parte de lo que la maquinaria alemanista le arrebató al pueblo durante sus cinco años de gobierno para adquirir fincas, casas en la playa, casas en Managua, propiedades en la costa del Pacífico, apartamentos en Miami, acciones en empresas, y para abrir y engrosar numerosas cuentas bancarias en el extranjero con sumas que superan varias veces lo que se le incautó a Vladimiro Montesinos. El propio presidente Bolaños afirmó en su último discurso que “La pesada carga que ha caído sobre nuestro pueblo es tremenda, son más de 600 millones de dólares”.
El pueblo sabe que todo eso pertenece al pueblo y debe regresar a manos del Estado. Es evidente que las autoridades del gobierno pronto tendrán que fundar el “Fideicomiso de la Dignidad Nacional” para recepcionar ordenadamente los bienes que se vayan incautando a los corruptos fulminados con autos de segura y formal prisión.
El gobierno de Don Enrique Bolaños ha sido claro en afirmar que la corrupción no es negociable, que en buen español significa que los corruptos no se podrán quedar con los bienes y dineros que se robaron en estos cinco años. La Procuraduría y la Fiscalía, a su vez, no podrán menos que continuar requiriendo, junto con la captura de los corruptos, la recuperación para el Estado de los bienes que se llevaron.
Por eso es importante que el mismo gobierno se prepare para la dura tarea de la recuperación de tanto dinero, fincas, casas y bienes que deberán regresar al Estado, dentro y fuera del país, con la convicción de que estos bienes pueden servir para remediar en parte los males que hoy nos aquejan como nación, en parte por culpa de estos mismos gobernantes corruptos.
Beneficio adicional de recuperar todo lo robado será que en el futuro habrá muchísima menos corrupción de parte de presidentes, ministros y funcionarios. En Perú ya nadie quiere imitar a Montesinos. El Poder Judicial, que ya comienza a caminar por el camino correcto, deberá también robustecerse con una parte de lo que se recupere. Es justo y necesario.
El Fideicomiso de la Dignidad Nacional servirá también para recuperar nuestra dignidad ante el mundo, que nos verá como una nación que si bien cometió el error de escoger como Presidente a un señor que destilaba corrupción desde antes de llegar a la Presidencia, supo llevarlo con toda su banda ante la justicia y recuperarle lo robado al pueblo, sentando así un precedente latinoamericano que mucho ayudará al saneamiento de nuestra región.
Sólo así podremos afirmar que habremos eliminado el tumor maligno de la corrupción gubernamental, sólo así vendrán los inversionistas serios a invertir en este país, y sólo así la Comunidad Internacional abandonará sus legítimas dudas sobre la justeza y conveniencia de continuar contribuyendo con el desarrollo de nuestra nación.
El autor es ex ministro de la Presidencia.
