Daisy George
Para los políticos nicaragüenses promover la democracia no es más que recitar teóricamente las ventajas que promete un modelo de gobierno. Entre las ventajas que puedo destacar es que la mayoría (de manera numérica) deciden quién o qué corriente partidaria va a gobernar el destino de la nación. También promueve el espíritu que externó Aristóteles en su época, cuando definió “que la política es el arte de administrar el bien común”.
Pero, este espíritu se aleja cada día más y más de la realidad social de Nicaragua, porque lo que el pueblo nunca logró oír claramente es que los valores éticos también son parte de un modelo de gobierno democrático, y los que ostentan el poder deben tener la ética que se ajuste a respetar la voluntad de la mayoría.
Los pueblos mískito, sumo-mayangna, creole y mestizo que radicamos en la Costa Caribe de Nicaragua, particularmente en el Atlántico Norte, somos testigos de cómo los intereses partidarios se imponen a las leyes que rigen la vida de los ciudadanos nicaragüenses, pues son interpretadas según las exigencias de los que están en el poder. Este argumento se visualiza en los hechos ocurridos el 4 de mayo del año en curso, cuando pudimos presenciar la ausencia de un Estado de Derecho.
Sólo porque el partido en el poder (PLC) no tenía cubierto los suficientes votos para continuar mandando, se suspendió la sesión interna de los Concejales. La alianza de los partidos FSLN y Yatama presentó 27 votos —según la Ley 28, Arto. 26, el quórum es con la mayoría simple— y se remitieron y apegaron a un reglamento interno, que dicho sea de paso no ha sido publicado, y al que le dieron una categoría superior a una ley que tiene rango constitucional.
La sesión, según lo anunciado por el presidente del Poder Electoral, debía reanudarse el 7 de mayo, pero al ver que tampoco ese día podía lograr sus objetivos, no se presentó a juramentar a los electos. Como se sabe, el 4 de mayo los concejales habían sido acreditados, y además eligieron a sus directivos, de manera que el segundo vicepresidente del CSE los juramentó.
Pero el presidente del CSE, Roberto Rivas, no acepta esa decisión, lo que demuestra falta de respeto a nuestros votos y ausencia de voluntad de compartir el poder. ¿Será que nos consideran ignorantes e incapaces de gobernar? ¿O somos ciudadanos de tercera o cuarta categoría y no gozamos de los mismos derechos que promueve la democracia?
Ante esta realidad, hago un llamado a los organismos internacionales, a la prensa nacional e internacional, para que se trasladen a Bilwi, para testificar este escenario, pues no basta que financien un día de elecciones para decir que estamos desarrollando un gobierno democrático. Lo que necesitamos es que nos acompañen para construir el proceso democrático. Nosotros escogimos un modelo autonómico, y porque tratamos de no ser excluyentes elegimos la representación de todos los pueblos que coexistimos en este territorio. Porque no somos racistas queremos dar ejemplo de una verdadera democracia, pero nuevamente la colonización interna impone sus intereses, y desgraciadamente, con sus leyes lo logran, y lo que nos resta es sólo poner nuestra sangre para conquistar el poder.
La autora es socióloga y docente de URACCAN.
