Carlos Alberto Montaner
MADRID.— Centroamérica es una zona de grandes cataclismos naturales. La recorre una falla sísmica que cada cierto tiempo derriba ciudades y sepulta poblaciones enteras. Los pesimistas comienzan a plantearse que también existe una “falla moral”. El terremoto que ahora sacude a la región es de otro tipo. El escándalo de la corrupción estremece simultáneamente, y de una punta a la otra, a por lo menos tres países: Nicaragua, Panamá y Guatemala.
En Nicaragua se acusa a ciertos funcionarios del gobierno anterior, incluido a su presidente Arnoldo Alemán, de recibir o adjudicar comisiones por facilitar buenos negocios a inversionistas nacionales y extranjeros. Una juez ha admitido a trámite una querella criminal para comenzar la investigación, aunque todavía nada ha sido probado en los tribunales. Lo que sucede en Panamá resulta aún más penoso: aparentemente, una buena parte de los parlamentarios, especialmente de la oposición, recibió sobornos copiosos de una empresa que buscaba la aprobación de cierta legislación favorable. Hubo diputados honorables que no aceptaron ser comprados, pero el número de los corruptos, se afirma, supera con creces al de los honrados. Por último, la prensa guatemalteca divulgó información sobre cuentas bancarias secretas que supuestamente tenían en Panamá el presidente Alfonso Portillo y su vicepresidente Reyes López, y a donde irían a parar los dineros mal habidos como consecuencia de coimas y otras corruptelas.
Hasta ese punto, lamentablemente, no hay ninguna sorpresa. Se sabe que América Latina y África son zonas del planeta especialmente podridas. El informe del año 2001 de Transparencia Internacional, una ONG alemana que vigila, mide y denuncia la corrupción gubernamental en todo el planeta, establece una escala del 0 al 10, en la que el número inferior indica la mayor corrupción y el más alto la mayor honradez en el manejo de los recursos públicos. De acuerdo con la metodología y la escala seguidas por ellos, el ecuador de la corrupción pasa por la cifra de 5.5, en donde sitúan a Italia. Por encima de esa cifra los niveles de corrupción son “aceptables”. Por debajo, desacreditan el sistema democrático hasta poner en peligro a las instituciones.
A juzgar por estas tablas, Finlandia, con 9.9, tiene el gobierno más honrado del mundo, y Bangladesh, con 0.4, el más corrupto. Entre los latinoamericanos, sólo Chile, con 7.5 se sitúa en el pelotón de vanguardia de los países más honestos, por delante de naciones como Alemania, Francia, España o Bélgica. Uruguay, con 5.1 es, tras Chile, el segundo país mejor administrado de América Latina. Le sigue Costa Rica, con 4.5. Por la otra punta, el país más corrupto de América Latina es Bolivia con 2.0, y detrás se sitúa Ecuador en nivel de desvergüenza con 2.3. Dentro de Centroamérica, Nicaragua comparece con 2.4, Honduras 2.7 y Guatemala 2.9. Panamá sube a 3.7.
Naturalmente, casi siempre se puede establecer una clara relación entre honradez y prosperidad, pero esta crónica va dirigida hacia otra diana más delicada. Todavía hay algo peor que la corrupción: la impunidad. Gente deshonesta hay en todas partes. Negocios turbios se hacen, desgraciadamente, en todas las latitudes. La diferencia radica en la reacción de la sociedad cuando se descubren estas pequeñas o grandes infamias. Tanto en Panamá como en Nicaragua, algunas de las personas acusadas de corrupción se amparan en la inmunidad parlamentaria para ponerse fuera del alcance de los tribunales, y el cuerpo legislativo en pleno, o una mayoría suficiente, participa en la conspiración para proteger a los presuntos delincuentes inscritos en su seno. Eso es peor que robar. Eso es decirle al pueblo que quienes fueron elegidos para hacer reglas equitativas y para respetar la Constitución, utilizan sus cargos para violar las leyes sin que puedan ser castigados por sus felonías. ¿Cómo pedirles lealtad al sistema democrático a unas sociedades indefensas en las que la clase dirigente comete esta clase de incalificables atropellos? ¿Cómo dotar de conciencia cívica a unos niños que crecen contemplando este tipo de conducta hamponesca?
Pero cuando creía que la inmunidad parlamentaria era el último refugio de la búsqueda de impunidad, descubro que en el caso guatemalteco surge otra asombrosa derivación: durante la reciente visita a Centroamérica del presidente Bush, su colega Alfonso Portillo le notificó que su gobierno sufría los embates de una conspiración desestabilizadora dirigida por Julio Ligorría y Mauricio López Bonilla, dos conocidos y respetados comunicadores públicos de ese país. ¿En qué consistía la conspiración? En las denuncias sobre corrupción aparecidas en la prensa. Bush, naturalmente, no entendió nada, pero uno de sus ayudantes se lo aclaró poco después con una frase melancólica: “se trata de una cortina de humo, presidente; es sólo una burda coartada para tratar de explicar lo inexplicable”.
Otto Reich, recientemente nombrado Secretario de Estado para América Latina —un diplomático firme e inteligente con una enorme experiencia—, dijo en su discurso de toma de posesión que el Departamento de Estado norteamericano les negaría visas a los gobernantes y funcionarios corruptos de la región, exactamente igual que hacía con los terroristas. Es una excelente iniciativa. Más aún: sería conveniente que coordinara con la Unión Europea la toma de medidas similares. Vivimos en la era de la globalización. Globalicemos los castigos para que los delitos no queden impunes. Ésa es también una forma de fortalecer la democracia. [©FIRMAS PRESS]
*www.firmaspress.com
