Emilio Álvarez Montalván
La ayuda norteamericana a Latinoamérica ha tenido modalidades. En Nicaragua por ejemplo, la primera donación significativa no provino del Estado norteamericano sino de la sociedad civil. En efecto, la Fundación Rockefeller financió (1918-1928) un provechoso programa de ingeniería sanitaria y erradicación de parásitos, como manifestación de la “filantropía calvinista”, pues los préstamos se negociaban en Wall Street.
En 1932 F.D. Roosevelt, inauguró su política de buen vecino, otorgando préstamos a largo plazo e intereses favorables, sin importarle el tipo de gobierno, así fueran dictadores corruptos. Poco después Truman, con el Punto IV, enfatizó la cooperación técnica, especialmente en educación.
Fue al terminar la Segunda Guerra Mundial que el papel de acreedor de las agencias federales pasó en su mayor parte, al FMI, BM y BID. En esos años Nicaragua se benefició con la guerra en Corea, causando el “boom” algodonero, estabilidad del córdoba y crecimiento por varios años del PIB.
Al presentarse la guerra fría, los países latinoamericanos solidarios con la lucha anticomunista recibieron préstamos preferenciales e incluso donaciones de material de guerra, a cambio de concordancia en la ONU. Sin embargo, a partir de 1989 la excepción fue Nicaragua, comprometida con la ex URSS y la ayuda se encauzó a la Resistencia. Posteriormente, al caer el muro de Berlín, el 9 de noviembre de 1989 y restablecerse poco después la democracia, en Nicaragua llegó ayuda líquida de los EE.UU. además de rebaja sustancial de la deuda externa.
Con el tiempo las agencias internacionales de préstamos endurecieron su rol de prestatarios, exigiendo programas tipo ESAF y estipulaciones severas para acceder a la condonación de la deuda externa; requisitos que a menudo provocaron inestabilidad con el agravante de la corrupción impune de funcionarios, como sucedió en Ecuador, Perú y ahora en Argentina.
Todo ese escenario parece haber cambiado con la exposición en Monterrey del presidente Bush, donde fijó las condiciones que de ahora en adelante regirán la ayuda norteamericana al tercer mundo. Se trata fundamentalmente de obligaciones de naturaleza ética, más que de compromisos ideológicos, económicos o políticos. Incluso para Mr. Bush es más importante que los gobiernos recipiendarios persigan a los corruptos narcotraficantes, a los ofensores de derechos humanos y emprendan reformas institucionales para calificar en la recepción de “grants” (dádivas), que presionarlos para un exacto pago de los plazos estipulados.
Sin embargo éste es un criterio que no comparte la Unión Europea y específicamente la ministra de Cooperación Externa de Gran Bretaña, M. Clare Short, para quien esa posición perjudica la política de préstamos del Fondo Monetario pues dificultaría el refinanciamiento. La pregunta que surge es ¿qué motivó esa nueva actitud del gobierno estadounidense? Es muy posible que el atentado terrorista del 11 de septiembre conmovió tanto a la sociedad estadounidense que la hizo consciente de su vulnerabilidad. Ello ha inclinado a sus dirigentes a ser tolerantes con la debilidad de estos países pobres y pedir de ellos más bien solidaridad con principios éticos compartidos. El gobierno norteamericano debe estar convencido que en la lucha mundial antiterrorista, lo esencial es contar con aliados sinceros practicantes como ellos de la democracia, que andar cobrando deudas impagables.
En cuanto al encuentro en San Salvador, la apertura de mercados solicitada requiere que los países del área reciban asistencia técnica, inversión y préstamos para prepararse ¿Qué pasa cuando las naciones industrializadas cierran sus puertas? ¿Cuándo el Senado USA aprobará el fast trak? ¿Qué esperan para legalizar a los emigrantes ilegales?
Para el gobierno de Enrique Bolaños, las condiciones de ayuda anunciadas por el presidente Bush deben animarlo a proseguir su política anticorrupción y agilizar la despartidarización de las instituciones del Estado. ¿Lo entenderán el PLC y el FSLN?
El autor es analista político y miembro del Consejo Editorial del al PRENSA