El Consenso de Monterrey

Un extenso documento de diecinueve páginas recoge los acuerdos logrados en la Conferencia Internacional sobre la Financiación para el Desarrollo que se celebró en la ciudad mexicana de Monterrey entre el 18 y el 22 de marzo. A dicha conferencia asistieron 50 jefes de Estado y de Gobierno (quienes estuvieron presentes sólo los días 21 y 22) 232 ministros, más de 2 mil delegados, 557 representantes de organizaciones de la sociedad civil y del sector empresarial, y 1 mil 800 periodistas.

La conferencia pretendía, entre otras cosas, asegurar un incremento en el monto de la ayuda que los países desarrollados dan a los países pobres y menos desarrollados, y establecer nuevos criterios para su asignación. Tanto la Unión Europea como Estados Unidos se comprometieron a ser más generosos. La primera dijo que para el 2006 aumentaría el monto de su asistencia para el desarrollo en 7 mil millones de dólares, mientras que Estados Unidos prometió aumentarlo en 10 mil millones en los próximos 3 años. A pesar de todo, abundan los críticos que consideran insuficientes dichos incrementos.

La suficiencia o insuficiencia es algo muy relativo, y depende en gran parte de qué tan bien cada país recipiente maneje su economía. El Presidente Bush le puso la tapa al pomo cuando en su discurso en Monterrey el viernes pasado dijo: “La lección de nuestro tiempo es clara. Cuando las naciones cierran sus mercados, y las oportunidades son acaparadas por unos cuantos privilegiados, no hay cantidad —no hay cantidad— de ayuda para el desarrollo que pueda ser suficiente”. Un criterio parecido fue expresado por James D. Wolfensohn, Presidente del Banco Mundial, cuando dijo: “Sabemos que en los países con buena gobernabilidad y políticas fuertes, la ayuda puede hacer una gran diferencia. Pero sabemos también que la corrupción, las malas políticas y una gobernabilidad débil pueden hacer inefectiva la ayuda financiera y hasta contraproductiva.”

En el llamado Consenso de Monterrey se percibe que los países donantes han llegado a la penosa conclusión de que gran parte de su ayuda en el pasado ha sido desperdiciada, y que en poco o nada ha contribuido para el desarrollo de los países receptores. No obstante, mantienen su voluntad de continuar transfiriendo recursos al mundo menos desarrollado, sólo que bajo nuevas condiciones.

La ayuda de ahora en adelante será selectiva, e irá solamente a aquellos países que combatan la corrupción, que adopten políticas económicas sensatas y que hagan prevalecer el estado de derecho. Y no hay que llamarse a engaño; los donantes considerarán como sensatas aquellas políticas económicas que favorezcan la operación de la economía de mercado, así como también a la hora de determinar la existencia o no del estado de derecho pondrán gran atención en la efectividad y eficiencia de los sistemas judiciales.

Es muy positiva la disposición de los donantes a no ser indiferentes al grado de corrupción que exista en los países que recibirán su ayuda. Aún aquellos —como los nórdicos— que en el pasado han puesto menos condiciones a la hora de brindar su ayuda, están dispuestos a ser más selectivos de ahora en adelante a la hora de decidir qué países merecen su ayuda y cuáles no. La ministra de desarrollo internacional de Noruega, por ejemplo, dijo: “La gobernabilidad debe ser tomada en cuenta. La corrupción le está robando a los pobres. Así que es necesario ser bien duros en esos asuntos”. El ministro danés de cooperación para el desarrollo, por su parte, expresó: “Lo que uno debe hacer como donante es buscar a aquellos países con buenos programas locales.”

Podemos anticipar, entonces, que habrá una gran competencia para acceder a la ayuda de los países desarrollados. Bueno es, sin embargo, poder anticipar también que el monto que un país receptor obtenga estará en función de qué tan efectivamente combata la corrupción gubernamental y qué tan rápidamente ajuste sus políticas económicas para que funcione la economía de mercado.

Pero sobre todo no hay que olvidar, como bien ha sugerido el analista mexicano, Luis Pazos, en un artículo publicado en LA PRENSA el lunes 25 de marzo, el desarrollo de un país depende en última instancia, no de la ayuda extranjera, sino de la aplicación de aquellas medidas que han probado ser efectivas para crear riqueza.  

Editorial
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