Zoilamérica Narváez
Nicaragua está viviendo hoy un momento muy esperanzador en la lucha contra la corrupción, que tanto nos ha empobrecido. Y especialmente, en la lucha contra la impunidad, que tanto nos ha desmoralizado y empobrecido espiritualmente. Hoy, nos alegra y nos enaltece que una mujer de origen humilde haya tenido el valor y la firmeza para dar tan necesario primer paso. Nos toca ahora a todas y a todos seguir dando pasos.
Porque el camino que tenemos por delante es largo y muy difícil.
Me toca a mí seguir dando pasos. Y en eso estoy. Preparando la propuesta que debo presentar antes del 4 de abril a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos de la OEA en mi demanda contra el Estado de Nicaragua por denegación de justicia. Una denegación de justicia motivada precisamente en la corrupción compartida que significó, y sigue significando, el pacto entre Arnoldo Alemán y Daniel Ortega. Una denegación de justicia que tuvo como base la inmunidad-impunidad de la que ha gozado Daniel Ortega durante todos estos años. Y hasta el día de hoy.
En diciembre del año pasado, en un proceso judicial acelerado y plagado de irregularidades, que aún está en proceso de apelación, Daniel Ortega pretendió cerrar la demanda que había presentado contra él en junio de 1998. Durante más de tres años su cobardía le impidió renunciar a su inmunidad para enfrentarse a la verdad en los tribunales. Y cuando decidió hacerlo, más de tres años después, preparó previamente todas las condiciones para cerrar el caso con un sobreseimiento definitivo, para salir absuelto. Tal como ha venido ocurriendo en los tribunales de justicia de nuestro país, donde leyes, artimañas legales, jueces y procedimientos han garantizado la impunidad de quienes tienen poder. Esto fue lo que ocurrió en aquella semana de diciembre.
Desde esta perspectiva, cuánto oportunismo siento en el “llamado” que ahora hace Daniel Ortega a los implicados en el caso del Canal 6 para que renuncien a su inmunidad. Y cuánto cinismo siento en las declaraciones de diputados liberales que llaman “prudencia” a la complicidad con que protegieron a Daniel Ortega a lo largo de 1998 y 1999 para ni siquiera dar un solo paso e investigar mi solicitud de desaforación.
Tengo mucho aún que caminar. Y Nicaragua también. Entendemos únicamente la corrupción como el abuso que un funcionario público hace de los recursos del Estado para su beneficio personal. Pero sólo hemos aprendido y esto es muy positivo a vincular este delito con beneficios económicos, con lo financiero. En mi caso, Daniel Ortega cometió actos de corrupción. Porque utilizó los mecanismos del poder estatal, político y militar del que gozaba absolutamente, y sin controles, como Presidente de la República para abusar de mí a diario, para crearse ambientes propicios, para cercarme, para acosarme, para silenciarme.
Lo que ocurre en la casa no debe tener menor trascendencia que lo que ocurre en la calle y en los ministerios. En mi caso, al igual que quienes protagonizan la corrupción tienen su defensa en la ley de inmunidad, esta ley le permitió a Daniel Ortega esconderse tras ese privilegio para no responder por un delito que es del ámbito público, aunque se pretenda hacerlo aparecer como una “tragedia privada”.
Los delitos sexuales son muy graves. Afectan gravemente la vida de niñas y de niños y a menudo para toda la vida. Por un proceso continuado y reiterado de estos delitos diecinueve años de mi vida, iniciados cuando yo era una niña decidí denunciar a Daniel Ortega. La jueza Juana Méndez declaró la prescripción de estos delitos, sin permitirme presentar pruebas, sin dejarme siquiera decir una palabra. Desde el punto de vista jurídico, político y ético, fue un fallo que afrenta y avergüenza a Nicaragua. También fue una afrenta para las mujeres. Y lo fue para mí.
Esos delitos no han prescrito. El caso sigue abierto, no sólo en los tribunales sino en la conciencia de nuestra población, a la que se le ha negado la posibilidad de conocer la verdad. Y esa mancha continuará presente en el expediente personal y político de Daniel Ortega. Por eso, seguiré dando pasos para que se esclarezca la verdad, y para que la sociedad nicaragüense y el Frente Sandinista comiencen a cuestionarse el grave costo que tiene seguir otorgando tanto poder a Daniel Ortega, un ofensor sexual que permanece impune.
Hoy, al compartir la alegría por este importante paso que hemos dado en Nicaragua en la lucha contra la corrupción y la impunidad, espero del nuevo gobierno voluntad política para revisar lo actuado en mi caso por el Poder Judicial. Sería otro paso esperanzador no sólo para mí, también para otras muchas mujeres.
La autora es socióloga.
