Orient Bolívar Juárez
Una de las graves deficiencias del proceso formativo y de consolidación del estado nicaragüense, y en particular de nuestra accidentada tradición administrativa, ha sido la carencia de verdaderos archivos públicos en todos los ramos de la administración estatal, es decir, de archivos que custodien, preserven, faciliten el acceso a la información de los ciudadanos y transfieran a la posteridad, el legado de nuestra memoria documental, ese testimonio único e insustituible que nos expresa cómo se ha venido constituyendo esta nación y edificando su institucionalidad.
A modo de antecedente basta recordar cómo desde el siglo XIX, le tocó a nuestros historiadores buscar en otras latitudes los documentos nicaragüenses para escribir nuestra propia historia y aún más, para defender nuestra soberanía ya que aquí, lamentablemente, no existían.
Al respecto merece recordarse, por ejemplo, la misión que en 1918 promovió el Canciller, ingeniero José Andrés Urtecho, para rescatar en Europa todos los documentos relacionados con los asuntos limítrofes, así como la misión que en 1934 emprendió en el Archivo General de Indias, el notable historiador Sofonías Salvatierra. Ambas misiones sentaron las bases de ulteriores misiones de rescate de los documentos de Nicaragua en archivos extranjeros como la Federico Argüello, Carlos Molina Argüello, Andrés Vega Bolaños y la del recordado director del Archivo Nacional, Alberto Bendaña.
Es evidente que para tener identidad de nación, para defender la soberanía patria, lograr la transparencia administrativa y garantizar el derecho a la información en un sistema democrático, se requiere tener memoria histórica, lo que significa tener archivos que nos ilustren cómo se ha venido constituyendo este país en cada etapa de su historia, en qué se fundamentan sus derechos territoriales y marítimos; que den fe de la gestión administrativa de nuestros funcionarios públicos y que sirvan para forjar una cultura con un sentido de continuidad —no de ruptura— y de aprecio por lo nuestro.
Los archivos públicos devienen del concepto mismo del poder público. Por su propia naturaleza, son consustanciales a la gestión gubernamental, es decir, son parte legítima y necesaria del funcionamiento del Estado; constituyen una herramienta indispensable para la administración de justicia y para la gestión económica, política y administrativa del mismo. Corresponde por tanto velar por ellos, a quienes toman las decisiones al más alto nivel en el país o sea a nuestros estadistas, aquéllos que están al frente de los poderes del Estado.
Ha sido harto conocido en los últimos años, posterior al terremoto de Managua de 1972, la incalculable destrucción y pérdida de los archivos públicos de Nicaragua, tanto administrativos como históricos, llegando a casos insólitos de perderse archivos de instituciones completas y expedientes de relevantes casos ligados al tema de la corrupción, como ha sido del conocimiento de toda a ciudadanía. Los casos son abundantes: comenzando con la destrucción generalizada de documentos que sufrió Nicaragua tras los sucesos revolucionarios que culminaron en julio de 1979 (menos los de la OSN); le sigue la destrucción masiva de archivos estatales tras la caída del gobierno sandinista, una práctica nefasta que se quiso evitar a fines del gobierno de doña Violeta de Chamorro, cuando un grupo ciudadano demandó al gobierno, preservar los archivos oficiales; luego tenemos la pérdida de buena parte del Archivo del Ferrocarril de Nicaragua en 1994; el deterioro del Archivo Histórico Municipal de León que posee documentos desde 1700, como fue dado a conocer en febrero de 1999; el supuesto conato de incendio en los archivos de los juzgados de Managua en septiembre de 1999, que nos recuerda el incendio de los registros públicos, mercantil y de prenda agraria o industrial del Departamento de Managua, ocurrido el 17 de agosto de 1945; la desaparición de archivos en el Consejo Supremo Electoral de los escrutinios de 1984 y 1996 que se dio a conocer por todos los medios en julio del 2000; la sustracción de documentos electorales en la ciudad de Juigalpa denunciada en octubre del 2000; la quema del Archivo Histórico de la Asociación Nicaragüense Pro Derechos Humanos (ANPDH) ocurrida a fines de febrero de 2001; la pérdida de expedientes en la Contraloría General de la República (caso “Ramón Parrales”) de agosto 99; el deterioro irreversible del Archivo Fílmico Nacional (julio 99), etc.
A este sombrío panorama debemos agregar el estado precario en que se encuentra desde hace años el Archivo Nacional, la Hemeroteca Nacional, el Archivo Histórico Diocesano de León y el archivo histórico del extinto Banco Nacional (Banades) y ya no se diga el de aquellas empresas nacionales privatizadas o en vías de privatización, entre otras. En resumen, la pérdida últimamente de nuestros archivos, más que a desastres naturales y a guerras como sucedía en el pasado, se ha debido a la incuria oficial de los últimos gobiernos.
El autor es especialista en temas de archivos, miembro de la Academia de Geografía e Historia de Nicaragua.
