Entre hoy y mañana se celebrará en un hotel de Managua, un seminario-taller sobre reformas electorales organizado por el Instituto Nicaragüense de Estudios Sociales y Políticos (Inesp) y Hagamos Democracia, y auspiciado por la fundación alemana Konrad Adenauer. En este foro participarán representantes de los sectores directamente interesados en dicha reforma —partidos políticos, Asamblea Nacional y Consejo Supremo Electoral—, y se espera que el Gobierno exponga el contenido del proyecto que el Presidente Enrique Bolaños anunció el 31 de enero pasado, cuando presentó ante la Asamblea Nacional un paquete de iniciativas de leyes para reestructurar, sanear y despartidizar las instituciones del Estado.
La necesidad de una reforma electoral se puso en evidencia con las graves fallas que hubo en las últimas elecciones municipales, generales y regionales de este año (de 2000, 2001 y 2002, respectivamente). Sin embargo, las crisis que ocurrieron en derredor de esos comicios no se debieron sólo a las inconsistencias y defectos que tiene la Ley Electoral a partir de que fuera reformada por el pacto PLC-FSLN para la repartición de los cargos del Consejo Supremo Electoral (CSE) y la imposición legal de un bipartidismo libero-sandinista. También se han debido dichas crisis a la incompetencia y corrupción del Consejo Supremo Electoral, y por lo tanto, además de reformar sustantivamente la ley de elecciones también hay que reestructurar el CSE, y sustituir a los actuales magistrados con profesionales probos, eficientes e independientes.
La reestructuración del CSE y la reforma de la Ley Electoral fueron algunas de las principales promesas del Presidente Enrique Bolaños, de cuando andaba en busca de los votos de los ciudadanos para ganar las elecciones del año pasado, y después de que fue electo, al tomar posesión de la Presidencia de la República el 10 de enero de este año. “Estoy firmemente comprometido a impulsar una profunda modernización del Poder Judicial, el Poder Electoral, la Contraloría de la República, para hacerlas más democráticas, más participativas, más profesionales, como parte de esta Nueva Era”, aseguró el Presidente Bolaños en su discurso de toma de posesión. Y agregó: “Necesitamos, también, mejorar el poder electoral para una mejor garantía de la imparcialidad y la tranquilidad del proceso electoral. Se necesita mejor legislación para que el derecho de cada nicaragüense a elegir y ser elegido sea realmente efectivo” (LA PRENSA, viernes 11 de enero del 2002).
Posteriormente, en el paquete de propuestas de leyes que presentó ante la Asamblea Nacional, el 31 de enero pasado, el Presidente Bolaños propuso una reforma a la Ley Electoral y de identificación ciudadana para propiciar la modernización del Poder Electoral, reducir los enormes costos que hoy significan las elecciones y propiciar igualmente la “amplitud para el ejercicio de los derechos políticos de los ciudadanos”.
El Presidente de la República no puede, por sí sólo, reformar ninguna ley y mucho menos una de rango constitucional, como es la Ley Electoral. Sin embargo, el Presidente tiene capacidad constitucional de intoducir iniciativas de ley y por lo tanto puede proponer la reforma a la Ley Electoral. Además el primer mandatario tiene suficiente autoridad moral y representatividad nacional para demandar a los diputados de las diversas bancadas que se dignifiquen con la aprobación de una reforma electoral justa y democrática, así como para pedir a la ciudadanía que lo ayude a persuadir a los legisladores de que es a la nación que ellos deben responder, no a los intereses mezquinos de caciques políticos y cúpulas partidistas.
Sin dudas que del foro de hoy y mañana saldrán propuestas adecuadas para las reformas a la Ley Electoral, a fin de restablecer la vigencia del pluralismo político y garantizar el derecho de participación electoral de todos los partidos que llenen los requisitos indispensables; y para eliminar la corrupción del CSE, reducir los desmesurados costos económicos de los comicios y restablecer la confianza de los ciudadanos en el sistema electoral democrático.
La desconfianza del pueblo hacia el CSE y los mecanismos electorales no se puede superar suprimiendo elecciones, como proponen algunas personas que todavía están dominadas por el atavismo autoritario. Por el contrario, se resuelven haciendo más elecciones, pero bajo una Ley Electoral justa y democrática y organizadas por autoridades competentes, honestas y profesionales.
