En esta misma página, en la sección de Cartas al Director, publicamos hoy una extraña misiva del señor Manuel Coronel Kautz, la cual contiene algunas aseveraciones que es necesario comentar.
Pregunta el señor Coronel Kautz por qué nos molesta que el líder sandinista Daniel Ortega Saavedra fuera sobreseído en el caso de la acusación de su hijastra —Zoilamérica Narváez— por los delitos de violación cuando ella tenía 11 años, y abusos deshonestos y acoso sexual durante mucho tiempo subsiguiente.
En realidad, a nosotros lo que nos molesta no es que el señor Ortega fuera sobreseído en primera instancia, por la juez sandinista Juana Méndez, como tampoco nos hubiera alegrado que lo condenaran. Esto no es el fondo del caso. Nosotros no acusamos ni juzgamos a nadie porque no somos procuradores de Justicia ni jueces. Sólo reflejamos como un espejo lo que ocurre realmente en la sociedad, y lo que hacen —bueno o malo— los líderes de la nación. Y por eso señalamos que en la acusación de Zoilamérica Narváez contra Ortega, no se puede argüir que se trata de una invención y una confabulación política de los enemigos del dirigente sandinista, porque fue su propia hijastra, correligionaria y comilitante la que lo acusó de haber cometido contra ella esos delitos tan brutales y vergonzosos.
La posición de principios de LA PRENSA ante este caso, desde que Zoilamérica Narváez presentó su acusación en el Juzgado, ha sido la de que Ortega debía enfrentar los cargos y demostrar su inocencia, o recibir el castigo merecido en caso de ser culpable, y no evadir la justicia amparado en la inmunidad parlamentaria y en un indecoroso pacto político con el PLC y el presidente Arnoldo Alemán.
Por esa posición de principios fue que no permitimos que se usara a LA PRENSA para manipular políticamente este caso durante la reciente campaña electoral. Y por eso mismo tuvimos que soportar una malévola campaña de descrédito de los medios oficialistas más recalcitrantes y antisandinistas patológicos, que nos acusaron injustificadamente de proteger a Daniel Ortega durante su campaña electoral. Sin embargo, mantuvimos firmemente nuestra decisión principista de no prestarnos a la manipulación electorera del caso, tanto por fidelidad a nuestras convicciones profesionales y morales como también porque así nos los pidió —con toda dignidad, derecho y razón, la señora Zoilamérica Narváez.
Lo que nos molesta del sobreseimiento definitivo del señor Ortega es la perversión de la justicia por medio del fallo politizado y partidista de una juez que ni siquiera por guardar las apariencias quiso escuchar el testimonio de la acusadora; aparte de que por un elemental sentido de decoro profesional y de dignidad judicial, la juez debió abstenerse de conocer el caso porque su afinidad ideológica y su compromiso político con el partido del señor Ortega, no le permitía actuar de manera imparcial ni ajustarse a los principios básicos del derecho y la justicia.
Por otro lado, el señor Coronel Kautz asegura que nosotros no podemos condenar a Daniel Ortega de nada porque, según él, somos culpables de todo, y si no lo somos, él —Coronel Kautz— nos acusa de cualquier delito. Pero, ¿qué disparate es ese?
Cada cual responde por sus actos y por su conciencia, y en lo que a nosotros respecta no tenemos por qué sentirnos culpables del oprobioso delito de que acusó la señora Zoilamérica Narváez a su padrastro, Daniel Ortega Saavedra, ni de ningún otro. Si condenamos las violaciones y abusos sexuales —independientemente de quiénes sean las víctimas y los victimarios—, es porque estamos absolutamente limpios de semejantes perversiones; de la misma manera que denunciamos la corrupción con la autoridad moral que nos confiere nuestra honestidad, a pesar de que los protectores ideológicos del régimen mafioso que impera hasta ahora en Nicaragua lo justifiquen con el cínico argumento —el mismo del señor Coronel Kautz— de que nadie está limpio de pecado y, por lo tanto, todos somos corruptos.
Eso es una absoluta mentira. Y quienes en realidad tienen la conciencia manchada por los delitos de violación sexual y corrupción, y sus encubridores, deben pagar por sus propias culpas, aunque por ahora sólo sea moralmente, porque la justicia institucional no existe para ellos, todavía.
