Eduardo Enríquez [email protected]
El presidente arnoldo alemán es un hombre muy dicharachero, o era, porque pensándolo bien, tiene meses de no compartir con sus conciudadanos sus famosos dichos; pero bueno, uno de tantos era el que usaba cuando quería señalar algo que era obvio: “Concha arriba, concha abajo y tortuga en medio, ¿qué es?”
Ese dicho le viene como anillo al dedo al caso del Banco Nicaragüense de Industria y Comercio (Banic), cuya quiebra parece que nos va a dejar pérdidas por más de 40 millones de dólares, además de las acciones que pertenecían al Estado en esa institución bancaria.
A pesar del gran empeño que han puesto los funcionarios gubernamentales por proteger a los responsables de la debacle de la institución, la verdad es que no quedan dudas del saqueo realizado allí.
Prueba número uno: el hombre que tomó las riendas del banco una vez que fue capitalizado lo dijo claramente. El banquero Ronald Lacayo, que tomó la presidencia del Banic en representación del Hamilton Bank, dijo que encontraron innumerables préstamos realizados sin el menor soporte, a fantasmas que, por supuesto, no ofrecieron ninguna garantía real y no pagaron los préstamos millonarios.
Prueba número dos: el informe de evaluación financiera que realizó la firma Arthur Andersen. A pesar que el ministro de Hacienda, el prestigioso banquero Esteban Duque Estrada ha realizado esfuerzos dignos de mejor causa para no entregar el informe a la Contraloría, y que cuando lo hizo sólo entregó un borrador (un “draft”, como está claramente marcado en cada página del documento), lo cierto es que viene a confirmar lo declarado por Lacayo. Los préstamos eran dados alegremente, sin la menor preocupación de evaluar la capacidad de pago de los clientes “favorecidos”. Y cuando los funcionarios del Departamento de Crédito advertían del peligro de esa política, sus comentarios eran ignorados por la propia Junta Directiva, presidida por el señor Donald Spencer.
Prueba número tres: Y por si quedaba alguna duda, ahora surge un nuevo informe de auditoría interna que la Superintendencia de Bancos envió a la Procuraduría General de la República, en el que se revelan los nombres y apellidos de los funcionarios y los testaferros responsables de la alegre fiesta de préstamos que se dio en el Banic entre 1998 y 1999.
Pero con todo ese caudal de pruebas, y muchas otras que seguro encontrarían si los funcionarios actuaran con la misma diligencia con la que actúan en casos que son de interés político o personal del presidente Alemán, la triste realidad es que nadie en el Gobierno se ha preocupado por llamar al señor Donald Spencer para que explique todas esas irregularidades que, según la evaluación del Banco Mundial, se hacían con la venia de la Junta Directiva que él presidía.
Estamos hablando de, por lo bajo, 40 millones de dólares. Eso es exactamente lo que el Gobierno dio a las universidades en el Presupuesto General de la República del año 2000. O sea, el famoso 6 por ciento del Presupuesto que el Gobierno tanto se negaba a dar y por el que se enfrascaba en batallas campales con los universitarios. Esa cantidad de plata está perdida, y ahora los funcionarios andan preocupadísimos, no por recuperarla, sino por proteger a los señalados en el informe del Banco Mundial y por Lacayo de haber, al menos, mantenido una política crediticia irresponsable. Y por proteger también a las personas que se beneficiaron con los préstamos y nunca pagaron.
Porque la cuarta prueba sería precisamente ese interés desmedido del Gobierno por proteger a los responsables de la quiebra.
Así que como diría el doctor Alemán: Concha arriba, concha abajo y tortuga en medio, ¿qué es?
El autor es periodista
