En medio del dolor y la indignación producida por las acciones terroristas en Washington y Nueva York, el martes 11 de septiembre, el señor George Shultz, quien fuera secretario de estado durante la administración del presidente Ronald Reagan, advirtió que las personas que las planearon y ejecutaron “no nos harán cambiar nuestro estilo de vida”. Sin dudas que el “estilo de vida” al cual se refería Shultz es al de la vida en libertad. El ex secretario sabe bien que uno de los propósitos de los cobardes y alevosos ataques era forzar a Estados Unidos a convertirse en un estado policial.
Es de esperarse que Estados Unidos hará todo lo posible para no caer en esa trampa, pero tampoco se puede esperar que no haga nada para aumentar su seguridad. Eso presenta un dilema. Por un lado, los ciudadanos valoran mucho su libertad y permanecen constantemente vigilantes para protegerse contra cualquier intromisión indebida del Estado en sus asuntos personales. Incluso, se puede afirmar que ha sido esa libertad, precisamente, la responsable del grado de desarrollo alcanzado. Sin ella, ese país no sería lo que es hoy en día.
Desde sus inicios como nación independiente, los padres fundadores de EE.UU. tomaron medidas muy claras para defender las libertades civiles de sus ciudadanos. Tan es así, que la primera enmienda a la Constitución, hecha a tan sólo cuatro años de adoptada, establece, entre otras cosas, que el Congreso no puede pasar leyes para favorecer el establecimiento de alguna religión en particular o la práctica de ella, ni para restringir la libertad de expresión. Doscientos catorce años han pasado desde entonces y la enmienda sigue vigente, garantizando un estilo de vida en libertad que es ejemplo para el mundo entero.
Pero es evidente que Estados Unidos, después de los ataques terroristas, enfrenta el problema de encontrar la mejor forma de aumentar la seguridad del país y de los ciudadanos sin restringir las libertades civiles más allá de lo estrictamente necesario. Ante ese problema, cada ciudadano deberá tener presente la advertencia de uno de los padres fundadores, Benjamín Franklin, quien dijo que “Aquéllos que entregan la libertad esencial a cambio de un poco de seguridad temporal, no merecen ni la libertad ni la seguridad”. ¿Cómo conjugar la sentencia de Franklin con la imperiosa necesidad de evitar la ocurrencia de nuevos actos de terror como los sufridos la semana pasada? Esa es la gran pregunta.
En Estados Unidos viven 7 millones de musulmanes. La vastísima mayoría de ellos son gente buena, trabajadora y honrada que han hecho de ese país su segunda patria. Disfrutan de la misma libertad que cualquier otro ciudadano. Muy prudentemente, el ex presidente George Bush (padre) ha advertido contra la posibilidad de una arbitrariedad como la cometida después del sorpresivo ataque japonés a Pearl Harbor en 1941. En aquella oportunidad, Estados Unidos internó en campos de concentración a los japoneses que vivían en su territorio, aún cuando tuviesen la ciudadanía estadounidense. Afortunadamente, todo parece indicar que es muy improbable que algo similar se repita con la comunidad musulmana.
Sin embargo, ya se están tomando algunas medidas que restringen el alcance de algunas libertades civiles. Por ejemplo, se ha ampliado de 24 a 48 horas —y hasta un poco más en casos de emergencia— el período de tiempo que puede detenerse a una persona sin que se le haya formulado algún cargo. Se ha anunciado también que los periodistas no podrán acompañar al ejército en ciertos escenarios de guerra, alegando que el elemento sorpresa será necesario para poder combatir al terrorismo. Habrá, obviamente, gente que se opondrá a esas y a otras medidas. Otros la favorecerán.
Al respecto es conveniente recordar que siempre han existido dos diferentes posiciones radicalmente opuestas y que no deben confundirse. Por un lado, las restricciones temporales y muy comedidas a las libertades civiles para, precisamente, preservarlas. Y por otra parte, el propósito deliberado de coartar las libertades civiles partiendo de la creencia ideológica de que el Estado está por encima del individuo, tal como ocurrió en Nicaragua durante la década ochenta del siglo recién pasado. En el caso actual de Estados Unidos estamos seguros de que sabrá preservar la libertad.
