En medio de la consternación causada por los ataques terroristas a los Estados Unidos, los 34 países miembros de la Organización de Estados Americanos (OEA), reunidos en Lima, Perú, aprobaron por aclamación el martes pasado el texto de la Carta Democrática Interamericana. Esa Carta tiene como propósito fundamental la prevención de atentados contra los procesos democráticos de la región, y su contenido original fue propuesto por el Perú en la Cumbre de las Américas celebrada este año en Québec, Canadá.
Representando a los Estados Unidos en la reunión de Lima estaba el Secretario de Estado, Colin Powell, quien calificó lo ocurrido en su país “como una terrible tragedia provocada por gente que no cree en la democracia sino sólo en la destrucción de edificios y el asesinato”. Obviamente que los mecanismos para la defensa del sistema democrático interamericano, tal como quedaron concebidos en la carta, se pondrían en acción si en cualquiera de nuestros países se dieran ataques como los ocurridos el martes en Washington y Nueva York, pero la carta va mucho más allá; las medidas adoptadas también se pondrán en marcha en caso de una “alteración del orden constitucional”.
Esta última posibilidad tiende a prevenir los tradicionales sobresaltos que en materia política se dan en los países de la región, ya que la OEA ha quedado facultada para actuar cuando a juicio de ese organismo se dé una alteración del orden constitucional en cualquier país miembro del sistema. Esa facultad podría evitar una repetición de lo ocurrido en el Perú en 1992, cuando el entonces Presidente Alberto Fujimori, disolvió el Congreso y lo convirtió en un apéndice del Poder Ejecutivo.
Un aspecto fundamental de la Carta Democrática Interamericana es la reafirmación que hace del sistema de democracia representativa como único sistema aceptable para la OEA y digno de ser defendido por esa organización. Se recordará que la delegación venezolana pretendía que en el texto se incluyera de forma paralela el concepto de democracia participativa. Tal pretensión no progresó, y el concepto de democracia participativa no se menciona del todo.
Para no dejar duda de la importancia de ese asunto, el artículo 2 de la Carta señala que “El ejercicio efectivo de la democracia representativa es la base del estado de derecho y los regímenes constitucionales de los Estados Miembros de la Organización de los Estados Americanos. La democracia representativa se refuerza y profundiza con la participación permanente, ética y responsable de la ciudadanía en un marco de legalidad conforme al respectivo orden constitucional.”
Como muy bien observó Carlos Alberto Montaner en su artículo “La peligrosa guerra de las palabras”, publicado en LA PRENSA el 2 de septiembre, la diferencia entre “democracia representativa” y “democracia participativa” no es un asunto meramente semántico, sino de grave importancia. Dice Montaner: “…cuando se dice «representativa» se alude a un modelo de gobierno en el que existen plenas garantías para los individuos. Es el tipo de Estado de Derecho con límites precisos y numerosas cautelas, donde las personas están a salvo de los atropellos del gobierno y aun de la voluntad de las mayorías. Por el contrario, cuando se dice «participativa» a lo que se refieren es a un modelo «revolucionario» en el que las reglas de juego pueden ser cambiadas constantemente en nombre de los intereses reales o supuestos del pueblo.”
Para Nicaragua, la adopción de la Carta Democrática Interamericana es de importancia trascendental ante las expectativas que plantean las elecciones del próximo 4 de noviembre. Como señala Montaner en el artículo referido, “Ya los sandinistas se apresuraron a decir que el modelo al que ellos aspiran no es representativo sino participativo, y pronto, uno tras otro, los viejos partidos autoritarios y marxistoides de la región, especialmente los incluidos en el llamado «Foro de Sao Paulo», como han tenido que renunciar al viejo discurso revolucionario, irán atrincherándose tras esa nueva bandera.”
Pero el temor de Montaner y de todos los amantes de la democracia debería quedar disipado con la reciente adopción de la Carta Democrática Interamericana, siempre y cuando, claro está, la OEA esté dispuesta a actuar con energía e implementar su contenido cuando sea necesario.
